Popolizio, ¿del complot al nepotismo en Cancillería?

Por Rafael Romero

Mientras algunos embajadores, como Walter Gutiérrez, en España y el Principado de Andorra, renuncian, otros, como Néstor Popolizio, se atornillan al cargo, tal como ocurre en República Checa.

Mientras el canciller Javier González-Olaechea le conmina a Walter Gutiérrez a ofrecer disculpas públicas por no asistir a una reunión con embajadores, ese mismo ministro de Relaciones Exteriores no le dice nada a Néstor Popolizio, pese a dos sentencias del Poder Judicial que anularon la resolución ministerial firmada por el hoy excanciller de Martín Vizcarra con la cual dejó fuera del servicio diplomático a Fortunato Quesada, medida arbitraria concretada sobre la base de un complot que se ejecutó el 2018 desde Lima hasta Tel Aviv (cuando Quesada era embajador en Israel).

Dicho sea de paso, la judicatura peruana ha sido contundente en sus dos sentencias al anular el ucase administrativo de Popolizio, tanto en primera instancia (setiembre del 2023) como en segunda instancia (marzo del 2024), pero ¿por qué continúa el blindaje, la impunidad y el encubrimiento en provecho del canciller del Lagarto Vizcarra?

Recordemos que Popolizio Bardales fue vicecanciller de PPK (2016 al 2018), luego el canciller de Martín Vizcarra (2018 al 2019), representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas (noviembre de 2019 a diciembre de 2021) y luego fue nombrado -por el entonces presidente Pedro Castillo- embajador del Perú en República Checa, cargo que ocupa hasta el momento de redactarse este artículo.

Pero el punto es que, en Cancillería, tal como ocurrió durante las gestiones de los últimos cinco cancilleres, continúa hoy la impunidad, así como la falta de cumplimiento de la idoneidad y la integridad institucionales, especialmente frente al caso Quesada.

Sin embargo, Popolizio, a la luz de las resoluciones del Poder Judicial, tiene mucho que explicar al Estado peruano porque su desempeño está relacionado al escándalo de una conspiración ejecutada desde Torre Tagle contra el entonces embajador Fortunato Quesada, en medio de una trama mediática gatillada desde un programa dominical (17 de junio del 2018) que finalmente no solo atentó contra los derechos humanos y laborales de este diplomático de carrera, sino que también lastimó gravemente la imagen del Perú y el prestigio de la Cancillería.

Ese efecto negativo no se va a limpiar por más que -en la fecha- el Ministerio de Relaciones Exteriores publique el “Comunicado de Prensa N° 007-2024” donde anuncia a los cuatro vientos que “el Palacio de Torre Tagle abrirá sus puertas al público en general”.

¡Plop! Así es, amable lector, eso dice el susodicho comunicado, tal cual lo puede leer usted mismo.

¿Para qué anuncia eso la Cancillería? Pues, nos informan desde adentro, “dizque para mejorar la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores” mediante “las visitas del público” a dicho palacio, “entre las 16:00 y 19:00 horas, durante los sábados y domingos a partir de este sábado 11 de mayo”.

Pero el comunicado abunda en más detalles naif y evidentemente muy básicos como el siguiente párrafo:

“El recorrido por los diferentes ambientes del Palacio contará con el acompañamiento de un guía oficial. La visita es gratuita y contemplará todas las medidas de seguridad”.

Luego dice: “¡Los esperamos!”. Además, remata dicho comunicado con el siguiente galimatías:

“Lo que se conoce, se aprecia. Y si no se aprecia, se protege”.

Señores del Ministerio de Relaciones Exteriores, amable y respetuosamente les digo desde esta columna que así no se mejora la imagen de una entidad tan importante como la Cancillería.  Es decir, la buena reputación y el prestigio de una institución no se gana simplemente con visitas guiadas entre los muros de un palacio, sino que se consigue con transparencia y con la apertura de los procesos administrativos que faltan realizar, sobre todo en el caso del complot contra el embajador Fortunato Quesada, donde tiene mucho que explicar el actual embajador del Perú en República Checa, Néstor Popolizio Bardales.

Pero, adicionalmente al tema del complot, donde hay pruebas irrefutables que obran en poder de la propia Cancillería, lo mejor para la buena marcha de Torre Tagle está en facilitar y permitir a los entes de control del Estado evaluar el rol desempeñado por Néstor Popolizio y abrir un proceso disciplinario acerca de los antecedentes de su resolución administrativa del 28 de diciembre del 2018, con la cual se perpetró una injusticia en el denominado caso Fortunato Quesada.

En puridad, si vía un complot el 2018 se procesó administrativamente y sancionó a la velocidad de un rayo, en apenas 10 días, a un diplomático de carrera como Quesada, hoy la procuraduría del Ministerio de Relaciones Exteriores, por coherencia y equilibrio, ante las dos sentencias del Poder Judicial que anularon la resolución de Popolizio, ¿no debería de actuar abriéndole proceso administrativo al referido excanciller, en defensa de la institución e incluso cuando hay pruebas irrefutables en poder del propio Ministerio de Relaciones Exteriores?

No obstante, ahora se suma otro hecho concreto más y es que los órganos de control y de ética pública de la propia Cancillería, deberán investigar si Néstor Popolizio también estaría incurso en un supuesto caso de tráfico de influencias, nepotismo o favoritismo en provecho de su hermano Edgardo Popolizio Bardales.

Esa pendiente investigación de oficio deberá esclarecer ante el Estado y la opinión pública si las relaciones laborales, los contratos y los nombramientos se dieron de acuerdo a ley o no, pues Néstor Popolizio tiene un hermano en el servicio técnico-administrativo del Consulado General del Perú en Hartford (Connecticut, EE.UU.), debiendo ventilarse las conexiones funcionales que pudo haber entre ambos cuando el primero de los nombrados ocupó el cargo de vicecanciller, luego el puesto de canciller, posteriormente fue representante permanente de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, sin abundar en que hoy es embajador del Perú en Praga y amén de que su hermano Edgardo habría ingresado al servicio administrativo durante la gestión del entonces canciller “Joselo” García Belaunde, allá por el año 2009.

¿Argolla, vara o tarjetazo? ¿La ley lo permite o no lo acepta, estimado canciller Javier González Olaechea? ¿Popolizio es intocable? ¿No le hacen nada por ser un excanciller o porque no se quiere agitar las aguas dentro de Torre Tagle pese a la sentencia de primera instancia del Poder Judicial que anuló su resolución administrativa en setiembre del 2023 y la sentencia de segunda instancia que ratificó la nulidad de dicha resolución en marzo del 2024?