Policías coimeros: el cáncer enquistado en las calles

Una vez más, la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se manifiesta en su forma más burda y peligrosa: la extorsión directa al ciudadano. Esta semana, el Ministerio Público informó que dos suboficiales, junto a una civil, fueron condenados a más de cuatro años de prisión por el delito de concusión, tras exigir una coima de 500 soles a un conductor en la Costa Verde de Lima, valiéndose de una prueba de alcoholemia fraudulenta.

Los sentenciados, Carlos Morales (25) y Marco López (26), junto a su cómplice Fiorella Tello (22), armaron una falsa intervención para forzar al chofer a entregarles dinero a cambio de no ser sancionado con la suspensión del brevete, el internamiento del vehículo y una multa de 1 UIT. El procedimiento no solo fue ilegal, sino descaradamente inventado: el alcohotest utilizado no era oficial y el intervenido no había consumido alcohol.

Este no es un caso aislado, sino un síntoma del deterioro estructural de una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. Lo ocurrido revela una dinámica común en muchas calles del país, donde policías, en lugar de proteger al ciudadano, lo convierten en víctima de chantaje, abuso de poder y corrupción. Que este patrón se repita con tanta frecuencia no solo habla de individuos corruptos, sino de una cultura permisiva que tolera, y muchas veces encubre, estas prácticas.

Que los implicados hayan reconocido los hechos y aceptado la condena —que incluye prisión efectiva, la devolución del dinero y una reparación civil de 10 mil soles— no borra el daño ocasionado ni devuelve la confianza perdida. Al contrario, evidencia cómo algunos miembros de la PNP usan el uniforme como una licencia para delinquir.

El Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Inspectoría General, debe actuar de forma mucho más firme y sistemática para depurar sus filas. No basta con sancionar casos cuando ya se han convertido en escándalos. Se requiere control interno real, investigación proactiva y una formación ética desde las escuelas policiales.

La ciudadanía ya no distingue entre el policía honesto y el corrupto, y eso es grave. Cuando los guardianes del orden se transforman en extorsionadores de esquina, la autoridad se desmorona y la ley se vuelve letra muerta. Si el país quiere recuperar el respeto por sus instituciones, debe comenzar por erradicar a los malos elementos de su policía. De lo contrario, seguirá reinando el miedo… y la coima.