Ante la llegada de más evidencias y la solicitud del Ministerio Público, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria declaró fundado el requerimiento y ha determinado el levantamiento del secreto bancario de la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Rosío Torres Salinas y de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, por el periodo comprendido entre el 26 de julio 2021 hasta el 02 de abril del 2023.
Los movimientos bancarios ayudarán a esclarecer el caso, cuyas evidencias ya se encuentra en manos del Congreso de la República donde deberá debatirse la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la parlamentaria que representa a Loreto.
¿Por qué se le investiga a Rosío Torres?
A la congresista de Alianza para el progreso, Rosío Torres, se le abrió investigación por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de su oficina parlamentaria. La investigación se inició tras un reportaje de Punto Final. Entonces, en agosto del 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la legisladora. En ese momento, se estableció un plazo de ocho meses para el proceso.
Sin embargo, en diciembre de 2023, la Fiscalía amplió la investigación por 60 días adicionales, y aquello fue cuestionado por el abogado de la congresista.
Ella habría abusado de su posición como congresista de la República y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2021-2022. Además, se le imputa haber inducido, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a los trabajadores de su despacho congresal y de la subcomisión, a entregar cantidades de dinero de sus salarios, en beneficio de ella.
Sobrino de congresista Rosío Torres, Juan Daniel Pérez Guerra.
Rosío Torres, desde que ingresó al Congreso, con el apoyo de Alianza para el Progreso, en su oficina, se habría instalado un perverso sistema de recorte de sueldos. La evidencia encontrada, indica que Cecilia Salazar, quien era asesora nivel II, de la congresista Torres, realizó transferencias bancarias a la cuenta de su sobrino Pérez Guerra por S/1350, S/2000, S/1900, S/3462, S/2000, y S/6850 soles, entre otros. Solo ella, en 7 meses, habría entregado S/24 562 soles que, según la tesis fiscal, tenían como destino final el bolsillo de la congresista por Loreto.
Las pruebas crecen contra Rosío Torres y la colocan como una parlamentaria ‘mochasueldo’ con sus trabajadores, sin importar su cargo. También existe un reporte de ocho meses de transferencias que realizaba la extrabajadora del Congreso Estefanía Calvo; ella entregó de su sueldo S/8600 soles, a la cuenta de la que era su jefa, Rosío Torres.
Delito que habría cometido la congresista Rosío Torres
La Procuraduría General del Estado denunció a Rosío Torres ante la Fiscal de la Nación por el presunto delito de concusión. La pena prevista para este delito va entre dos y ocho años de cárcel.