Política

Poder Judicial ordena allanamiento de viviendas de ‘Chibolín’ y de fiscal Elizabeth Peralta

Asimismo, “se avisa” que se allanará las propiedades de Augusto Javier Miu Lei y también se autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los tres implicados que están investigados por tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho.

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El Poder Judicial autorizó el allanamiento de las viviendas de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el minero informal Augusto Javier Miu Lei, por las investigaciones que los vinculan con delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

La medida que fue declarada fundada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, fue solicitada por el Ministerio Público, y obedece a las diversas evidencias que involucra a los tres investigados por presuntamente pertenecer a una red que habría favorecido intereses particulares mediante el uso de influencias en diversos órganos del Estado.

“Declarar fundado parte el requerimiento fiscal de allanamiento con descerraje de ser el caso, por el plazo de 48 horas respecto de los inmuebles”, se lee en el documento emitido por el juez Juan Carlos Checkley Soria.

El allanamiento de los inmuebles de los investigados, está autorizado, por un plazo de 48 horas, incluso para el descerraje en caso de ser necesario. “Este avisaje” se debe a la nueva y cuestionada Ley del Crimen Organizado (Ley 30077), que en lo sucesivo se requiere aguardar a la presencia del abogado defensor del investigado, para recién iniciar diligencias de allanamiento.

Asimismo, en la resolución emitida por el Poder Judicial se autoriza al levantamiento del secreto de las comunicaciones de los tres implicados para facilitar la labor del  Ministerio Público.

“Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación”, se lee en la resolución judicial.  

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