El destino de Susana Villarán se encuentra en manos del juez Jorge Chávez Tamariz cuando a las cuatro de la tarde de hoy se decida si se le extiende su arresto domiciliario por 18 meses más.
Chávez Tamariz, quien dirige el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, decidió ello tras escuchar a las partes del caso en una audiencia pública virtual realizada en la mañana de ayer, en la que también intervino la exfuncionaria investigada por lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio.
“No soy corrupta (…). Desde que se abrieron investigaciones en la fiscalía y en el Congreso he repetido que jamás he recibido sobornos ni hipotequé el erario ni los intereses públicos en beneficio de apetitos privados. Mi patrimonio no se incrementó durante el ejercicio de mi función pública y se ha comprobado que no tengo desbalance patrimonial. Vivo y he vivido siempre de mi trabajo”, sostuvo Villarán de la Puente, de 71 años de edad.
En tanto, la fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Luz Flores Tarapa, indicó que es necesaria la extensión del arresto domiciliario por 18 meses más debido a que faltan aún traducir declaraciones de testigos brasileños, diligencias programadas para junio de este año, pericias e informes contables a 12 personas jurídicas (empresas y ONG), entre otras actividades.
En el lado de la defensa de la ex alcaldesa, su abogado Raúl Pariona sustentó que su patrocinada no debería intervenir en todas las actividades programas por la Fiscalía debido a su avanzada edad, y a su delicado estado de salud, consecuencia de las secuelas del Covid-19.
Susana Villarán viene siendo investigada por presuntamente liderar una organización criminal entre los años 2011 y 2014, donde habría recibido 10 millones de dólares de parte de la constructora Odebretch y OAS para sus campañas contra su revocatoria en 2013, y su relección en el 2014.
