Poder Ejecutivo presenta proyecto que endurecerían las penas de los delitos cometidos durante las protestas

Medidas drásticas. El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para “reforzar la respuesta del Estado” frente a diversos delitos en el marco de las manifestaciones.

La iniciativa lleva una carta firmada por la presidente de la república, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola. En el documento se saluda al titular del Congreso, José Williams Zapata, y se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de “urgencia”.

“La presente ley tiene por objeto (…) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.

De aprobarse el texto, aumentarían las penas de los siguientes delitos en los rangos mencionados:

• Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.
• Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.
• Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.

• Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.
• Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.

Para aplicar dichas medidas, el documento solicita la modificación de los artículos 121; 122; 159; 186; 189; 200; 204; 206; 273; 279; 279-A; 279-B; 279-G; 280; 283; 315; 365; 366 y 367 del Código Penal.

A la fecha, el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidido por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), para su eventual evaluación.

“La presente propuesta normativa representa un beneficio tanto para la ciudadanía (en la medida que podrá verse protegida frente a tales actos, a través del establecimiento de medidas más disuasivas, en contextos de emergencia), como para el Estado (en la medida que le permitirá afrontar los problemas que pudieran presentarse y agravar los contextos de crisis que dan pie a la declaratoria de un Estado de emergencia)”, se puntualiza.