Ahora las ‘mochadas’ serían ellas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite los cuatro informes de calificación de las denuncias presentadas en contra de las parlamentarias Rosío Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruiz y María Acuña por el presunto delito de concusión.
Por unanimidad la SAC aprobó las cuatro denuncias constitucionales contra las congresistas acusadas por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Los cuatro informes de calificación contra las parlamentarias Rosio Torres,Katy Ugarte, Magaly Ruiz y María Acuña fueron admitidos a trámite, a fin de que sean elevados a la Comisión Permanente.
Estas denuncias fueron presentadas por ciudadanos y ante ello un congresista debía tomar el cargo para formular el pedido. De eso se encargó la congresista Kira Alcarraz como delegada.
En el caso de Rosio Torres (APP) fueron 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en el informe de calificación 361 y 370. Por Katy Ugarte fueron 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relaciones al informe de calificación 362.
En el caso de Magaly Ruiz (APP) fueron 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación con el informe de calificación 363.
Por último, respecto al informe de calificación 364, con respecto a María Acuña (APP), se logró 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Asimismo, durante la sesión de la Subcomisión se acordó que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu sea el delegado de la denuncia constitucional contra la congresista Heidy Juárez.
¡Que se vayan todas!
Por otra parte, la empresa Ipsos Perú elaboró un estudio para el diarioPerú 21 para conocer la opinión de la población de las ‘mocha sueldos’. Cerca del 75% de sus encuestados es de la idea de que las parlamentarias mencionadas deberían ser desaforadas de sus curules y que se dicte prisión contra ellas porque cometieron un delito que, en este caso, sería el de concusión.
En el desglose de esta cifra, el 80% de Lima Metropolitana rechaza la práctica de las congresistas Cordero, Ugarte, Torres, Acuña, Ruíz y Juárez. En tanto, el 73% del interior del país tiene similar postura frente a este escándalo.
Por su parte, el 19% considera que solo deben ser desaforadas o expulsadas del Legislativo. En tanto, el 3% menciona que deberían recibir una suspensión y continuar en sus escaños. Finalmente, el 3% no cuenta con una opinión formada del último cuestionamiento del Parlamento que no hace más que perjudicar la deteriorada imagen de este poder del Estado ante la opinión pública.