Pleno del Congreso aprobó en segunda instancia prescripción de delitos de lesa humanidad

Con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, hoy el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo al Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que propone que delitos cometidos antes del 01 de julio de 2002 no sean condenados.

Los autores principales del proyecto de ley aprobado son: Fernando Rospigliosi y José Cueto y sus coautores son los legisladores de Renovación Popular María Jauregui, Miguel Ciccia y Alejandro Muñante, y los fujimoristas Martha Moyano, César Revilla, Arturo Alegría y Rosangella Barbarán, entre otros.  

Este dictamen será ahora remitido al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación. El proyecto de ley planteado por Fuerza Popular e, impulsado por Renovación Popular, busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002, cuando entró en vigor -en Perú- el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.  

Qué dice la propuesta legislativa?

De acuerdo al dictamen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, por lo que tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor.

Del mismo modo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, por lo que debe ser aplicado únicamente respecto a hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el país.

“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, se detalla en la propuesta.

Asimismo, se agrega que la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se precisa.

¿Quién sustentó la propuesta legislativa?

La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, legisladora Martha Moyano (FP), quien alegó que la iniciativa no busca una amnistía y tampoco un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. Seguidamente, la congresista Isabel Cortez (CD-JPP) dijo que el dictamen tiene “un nombre y apellido”, por lo que no debería ser aprobado. A su juicio, dicha iniciativa no beneficia a los trabajadores, el cual debe ser una prioridad del Congreso. Hay que mencionar que dicha propuesta fue presentada por el parlamentario Fernando Rospigliosi (FP), quien anteriormente aseveró que su propuesta busca “restaurar la legalidad en el Perú”.

Posteriormente, la Comisión Permanente rechazó una reconsideración a la votación presentada por los congresistas Isabel Cortez (CD-JPP) y Bernardo Quito (No A). Votaron a favor 11 legisladores, 15 en contra y 0 abstenciones.

Como se sabe, la primera votación de este dictamen se dio en la sesión del Pleno del Congreso realizada el pasado 6 de junio.

Corte IDH ordenó al Perú dejar sin efecto proyecto de ley que dispone prescripción de crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

Asimismo, solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

Además, deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.