En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.
En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.
«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.
Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos. «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».
Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.
Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».
La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos». En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».
El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.
Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.
Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
