El Poder Judicial le ordenó al Ministerio Público que culmine la investigación preliminar contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de su oficina congresal. La decisión fue tomada luego de que el juez Juan Carlos Checkley declaró fundado el recurso que presentó la legisladora de Alianza Para el Progreso (APP).
Por su parte, el abogado defensor de Rosío Torres sostiene que su defendida no puede encontrarse en estado permanente de investigación, tal como establece el Código Procesal Penal: “Habiéndose cumplido la finalidad de la investigación preliminar el fiscal debe culminarla y decidir lo que corresponda, si archiva o abre una investigación preparatoria porque las diligencias preliminares no son un paralelo a las diligencias de la investigación preparatoria”, refiere el defensor de la parlamentaria por Loreto.
La defensa de Torres cuestionó la ampliación de la investigación en su contra por 60 días más, a pesar que en agosto de ese año se declaró ‘compleja’ la investigación y se estableció un plazo de ocho meses.
Por ello, la reciente decisión del Poder Judicial está basada en el derecho de los investigados a un proceso sin dilaciones indebidas, según establece el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.
¿Por qué se le investiga a Rosío Torres?
A Rosio Torres, congresista de Alianza para el progreso, se le abrió investigación por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de su oficina parlamentaria. La investigación se inició tras un reportaje de Punto Final. Entonces, en agosto del 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la legisladora. En ese momento, se estableció un plazo de ocho meses para el proceso.
Sin embargo, en diciembre de 2023, la Fiscalía amplió la investigación por 60 días adicionales, y aquello fue cuestionado por el abogado de la congresista.
Delito que habría cometido la congresista Rosío Torres
La Procuraduría General del Estado denunció a Rosío Torres ante la Fiscal de la Nación por el presunto delito de concusión. La pena prevista para este delito va entre dos y ocho años.
