El Poder Judicial (PJ) declaró fundado ayer el requerimiento de comparecencia con restricciones que presentó el Ministerio Público contra la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, imputada por lavado de activos por presuntos aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correo durante las campañas del año 2006 (presidencial) y 2010 (municipal).
Según la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, la ex lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) podrá salir del país solamente con autorización judicial, así como abonar una caución de 10 mil soles en un plazo de 30 días. asimismo, también se le impide no comunicarse con testigos, peritos o investigados del mismo caso, y justificar sus actividades por escrito cada 30 días.
El tribunal resolvió que el impedimento de salida por 36 meses, requerido también por Fiscalía, no sería necesario, ya que está configurado dentro la medida impuesta. “Para asegurar su presencia en el país, bastaría con la regla de conducta que se le impuso, dentro del marco del mandato de comparecencia con restricciones, a saber, prohibición de salir del país, salvo expresa autorización judicial”, se lee en el documento judicial.
El juez Richard Concepción Carhuancho remarcó que Flores Nano, quien tenía un intenso movimiento migratorio hasta 2019 —cuando la Fiscalía inició la investigación en su contra―, cuenta con un fuerte arraigo domiciliario, familiar, laboral, económico y político.
La imputada ha reconocido que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero aseguró que no pidió dinero “en esa reunión, de ninguna manera”. Según su testimonio, el abogado Horacio Cánepa, quien tuvo gran cercanía a sus campañas, manejó el dinero sin ingresarlo a las arcas del PPC.
El letrado es investigado por presuntamente haber recibido tres millones de dólares en sobornos para emitir laudos arbitrales a favor de la constructora brasileña. De acuerdo con Flores Nano, en 2010, él se ofreció a contratar encuestas de opinión; sin embargo, solo siete años después tomó conocimiento de que, para financiarlas, había pedido 200.000 dólares.