Política
PJ dicta nueve meses de prisión preventiva para el ex parlamentario Freddy Díaz
Desaforado congresista viene siendo investigado por presuntamente haber violado a una trabajadora del Congreso de la República.
Malos días para Diaz. El ex congresista Freddy Díaz Monago deberá cumplir, por mandato judicial, nueve meses de prisión preventiva en un centro penitenciario. Es investigado por un presunto caso de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho, hecho que habría ocurrido el año pasado dentro de unas instalaciones legislativas del Centro de Lima.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, presidida por el juez supremo César San Martín, anuló la comparecencia con restricciones que pesaba en su contra, medida que le permitía al exparlamentario conservar su libertad, y le impuso una medida coercitiva más gravosa.
El pasado lunes 13 de febrero, se evaluó en audiencia los recursos de apelación presentados por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal y el abogado José Ugaz contra la sentencia del juez Juan Carlos Checkley, en la que se dictó la comparecencia para Díaz Monago. Tras analizar los argumentos de las partes involucradas, estaba pendiente que la Sala Penal resuelva en el plazo de ley.
Hoy, 17 de febrero, recién se conoció de la nueva medida impuesta contra el desaforado exlegislador, quien quedará privado de su libertad, de lograr ser ubicado. El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, confirmó la noticia.
“Tras la apelación presentada por el Ministerio Público, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva, por el periodo de 9 meses, contra el excongresista Freddy Díaz Monago, procesado por el presunto delito de violación sexual”, informó.
En tanto, mediante su cuenta oficial de Twitter, el Poder Judicial también dio a conocer del fallo. “La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el ex congresista Freddy Díaz, investigado por el presunto delito de violación sexual en estado de inconsciencia”, indicó.
No demostró un arraigo laboral
Uno de los puntos que habría pesado para revocar la comparecencia restringida al excongresista es su arraigo laboral. De acuerdo a los documentos presentados por él y su defensa legal, venía trabajando -luego de ser desaforado del Parlamento- como asesor de venta de la empresa Grupo Abad & Hijos, dedicado al rubro de la ferretería.
Al apersonarse a la dirección del supuesto negocio, la Fiscalía observó que en el inmueble no existía ningún establecimiento dedicado a la venta de estos productos, lo que habría terminado pesando para que la Sala Penal opte por darle la prisión preventiva.
Hasta estos momentos, el paradero del exlegislador es desconocido y se teme que vuelva estar como no habido para evitar cumplir con la prisión preventiva.