Política
PJ dicta 4 años y 6 meses de prisión suspendida contra Kenji Fujimori por el caso ‘Mamanivideos’
Hijo menor del ex presidente Fujimori también se encuentra inhabilitado para el ejercicio público por 18 meses.
Se salvó de la prisión. El ex parlamentario Kenji Fujimori fue condenado en primera instancia por el Poder Judicial (PJ) a 4 años y 6 meses de prisión suspendida, tras encontrarlo culpable del delito contra la administración pública, tráfico de influencia reales agravado en agravio del Estado, una condena que ya había sido dictada en primera instancia en noviembre de 2022.
Esta decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también recae sobre los excongresistas de Fuerza Popular, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, quienes -junto al menor de los Fujimori– resultaron implicados en el ‘caso Mamanivideos’ en el 2017, por intercambiar votos para impedir la vacancia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynzski (PPK), a cambio de beneficios.
En la lectura del fallo, el juez supremo Manuel Luján Tupez revocó la sentencia de noviembre de 2022, que establecía prisión efectiva de cuatro años y seis meses contra Kenji Fujimori Higuchi, Bienvenido Ramírez y Guillermo Augusto Bocangel.
Al dictarse la prisión suspendida, estos ex parlamentarios quedaron libres de cumplir su condena bajo cárcel efectiva.
Sumado a ello, el juez estableció reglas de conducta contra los sentenciados. Entre ellas, la prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del órgano jurisdiccional competente, y la prohibición de portar armas, cometer nuevos delitos, «o causar disturbios o destrozos a recursos naturales o patrimoniales o a la propiedad pública y privada».
También dispuso la obligación a los condenados a comparecer personal y obligatoriamente cada tres meses ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia para informar y justificar sus actividades.
Fujimori, Ramírez y Bocangel también están prohibidos de realizar o instigar actos de vandalismo, destrucción de la propiedad pública o privada y ofender a personas naturales o jurídicas, así como encontrarse inhabilitados por 18 meses del ejercicio público.
Además, tienen la obligación de realizar una obra social o de servicio comunitario o comunal bajo la supervisión de la Oficina de Medios Libres del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
La sala también impuso el pago de una reparación civil de S/500 mil a los sentenciados, monto que deberán abonar de modo solidario a favor del Estado.