Educación
PJ declara nula norma que modifica Ley Universitaria
Resuelve que es fundada demanda de amparo interpuesta por la Sunedu.
Una historia de nunca acabar. En juego se encuentran miles de estudiantes que buscan salir adelante a base de una excelente formación académica, pero por medio se encuentran intereses subalternos que no facilitan la libre educación.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) contra la ley que modifica varios artículos de la Ley 30220 (Ley Universitaria).
En consecuencia, se declaró nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20, así como la primera disposición complementaria final de la referida norma.
La resolución judicial dispone que el Congreso de la República cumpla con observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes STC 00017-2008-AI/TC, STC N° 014-2014-PI/TC y STC 023-2014-PI/TC y el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa.
Como se recuerda, la ley aprobada por el Congreso por insistencia modificaba el Consejo Directivo de la Sunedu incorporando en su conformación a representantes de las universidades públicas y privadas.
Dicho cambio fue calificado por la Sunedu y otros sectores como una “contrarreforma” porque iba a afectar la capacidad de esta entidad para supervisar con imparcialidad el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en las universidades, condición para que estos centros obtengan el licenciamiento que les permitiría seguir funcionando.
Incluso el presidente de la República, Pedro Castillo, había observado la autógrafa de dicha ley al considerar que es inconstitucional y afecta la imparcialidad y autonomía de la Sunedu.
Argumentos de la Sunedu
La Sunedu explicó que, de acuerdo con el Poder Judicial, el Congreso puede modificar o derogar una norma cuya constitucionalidad ha sido reconocida por el TC, siempre y cuando los cambios estén dirigidos a optimizar el derecho que se busca proteger.
Sin embargo, señala, el Poder Judicial considera que el Congreso pretende emitir una norma que flexibiliza el control que se ha exigido sobre las universidades para mejorar su servicio.
Ello se traduciría –agrega– en una amenaza al derecho a la educación de calidad. “Por eso, ordena al Congreso observar lo resuelto por el TC y el derecho a la educación de calidad al momento de ejercer su función legislativa”, señaló en Twitter.