Política
PJ decidirá este viernes pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y dos ex ministros
Requerimiento también recae sobre Geiner Alvarado y el prófugo Juan Silva.
Les podrían esperar tres años dentro de una prisión, alejados de la opulencia y zalamería que ofrecía el poder del Estado. El Poder Judicial (PJ) programó para este viernes 3 de marzo, desde las 9:30 de la mañana, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones, y sus ex ministros Geiner Alvarado y Juan Silva, ex titulares de las carteras de Transportes y de Vivienda, respectivamente.
La citación fue elevada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que la Fiscalía solicitara 36 meses de prisión preliminar contra el ya encarcelado exmandatario y sus exministros por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Si se aprueba, implicaría al menos tres años de detención para Castillo.
El exmandatario se encuentra detenido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión. Por ese caso ya tiene impuesta una medida de prisión preventiva de 18 meses, que corre en paralelo con la planteada por la Fiscalía este martes.
Según la tesis fiscal, Castillo dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Las irregularidades responden a las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
El pedido planteado por el Ministerio Público sigue el procedimiento validado por el Congreso, que autorizó a que la Fiscalía actuara penalmente contra el exmandatario y sus exministros.
Los cargos de rebelión contra el expresidentefueron formulados luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria.
Fue arrestado poco después de dar el discurso, cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo. En simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.
Desde entonces, se desataron movilizaciones antigubernamentales —que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial—, y se desplegaron intentos para sacarlo del penal de Barbadillo.
Walter Ayala, abogado de Castillo Terrones, cursó hace poco un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario.
En la víspera, la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima rechazó un hábeas corpus presentado por la Federación Nacional de Abogados a favor también de Castillo y el ex premier Aníbal Torres.
En la resolución, la jueza alegó que la Federación propuso un recurso “irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales” y al “margen del respeto de los derechos fundamentales”.
Por su parte, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que con la remoción de Castillo “se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia”.
El líder mexicano considera a Dina Boluarte de “espuria” y ha reiterado que México seguirá apoyando al maestro rural, una postura que desencadenó una crisis diplomática y la ruptura de relaciones bilaterales, con el término de funciones del embajador de Perú en ese país.