El controvertido caso de desfalco de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el régimen fujimorista ha recibido una denuncia de nulidad pues dos de los jueces supremos, quienes estaban en condición de provisionales, se encuentran evaluando dicho caso y terminarían resolviéndolo.
Los tribunos Carlos Alberto Calderón Puertas y Mariano Salazar Lizárraga, convocados para complementar la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, son motivo de sospecha por un posible cambio de jueces y se han negado a no intervenir y proseguir con la resolución.
Es por ello que uno de sus demandantes, Guillermo Ruiz Caro Álvarez, puso sobre la mesa un escrito de nulidad e insubsistencia de la vista de la causa. En ella, se observa que Calderón Puertas y Salazar Lizárraga deberían estar alejados del proceso para que no rompa el principio de imparcialidad y no se viole el derecho al debido proceso. El pedido es declarar la nulidad para que, de esta forma, sea vista por otros jueces supremos.
Este hecho aviva aún más la llama de una notoria politización de la justicia, pues se ha revelado que más magistrados provisionales han acabado por resolver casos sumamente valiosos.
El caso del desvío de dinero de la CPMP, donde Javier Revilla Palomino, quien era el gerente general, fue condenado por colusión al desviar S/ 92 millones para actividades ilícitas hechas por la cúpula fujimontesinista. Jorge Kisic, quien era miembro del Consejo Directivo y del Comité de Inversiones Inmobiliarias de la CPMP, fue vinculado al caso, aunque él negó haber cometido irregularidad alguna.
Lo mismo ocurrió con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos Torres, quien fue absuelto del caso en el año 2012. Se detalló que no existieron pruebas de una posible responsabilidad suya al nombrar a los directivos de la CPMP y fue exculpado del saqueo sistemático de mil millones de soles a dicha entidad que se dio durante la dictadura de Alberto Fujimori.
