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Pese al fallo del PJ, a María Caruajulca no le permitieron ingreso a sede de la Procuraduría para que asuma cargo de procuradora

La abogada acudió con policías a la sede de la Procuraduría, e intentó ingresar al piso 8 donde se halla su oficina, pero no le permitieron ingresar. Entre tanto, manifestó que recobrará su cargo, por grado o fuerza.

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El martes 21 de mayo, la abogada María Aurora Caruajulca Quispe se presentó en la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad vinculada al Ministerio de Justicia, con policías para exigir que se cumpla la decisión judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenara reponerla en el cargo para el que fue designada por el vacado expresidente Pedro Castillo, pero fue impedida de asumir sus funciones como procuradora general del Estado.

“A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”, indicó Caruajulca en los exteriores de la Procuraduría. Además, enfatizó que la sentencia del PJ que salió a su favor debería respetarse.

«[Las sentencias judiciales] Se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”, mencionó. Agregó también que, si se insiste en que no se le permita asumir su puesto, entonces no descarta “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”. Tras el impedimento que tuvo, Caruajulca acudió a la comisaría de San Isidro a interponer la denuncia correspondiente.

Caruajulca envió carta notarial al actual procurador Javier Pacheco

En la víspera, la abogada María Caruajulca envió una carta notarial al actual procurador general del Estado, Javier Pacheco, a quien le solicitó que «se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente» a su cargo, y que si lo hacía, iba a tomar medidas legales cuando sea repuesta en su cargo.

Carta Notarial enviada por María Caruajulca.

Ante el fallo del PJ, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha alegado que existe una «controversia jurídica respecto a la ejecución de la decisión cautelar» para dilatar la reposición de Caruajulca.

“Se advierte que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual -distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar- coadyuvaría con su ejecutabilidad. En vista de ello, el MINJUSDH, la PCM y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano jurisdiccional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado, exponiendo con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado”, se lee en un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia.

Comunicado del Minjus del Gobierno de Dina Boluarte.

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