Perú Libre presenta PL para que solo jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar a funcionarios de alto rango

No les gusta ser investigados y ahora pretenden elegir quiénes les pueden investigar. La bancada de Perú Libre cuenta con bastantes de sus integrantes con investigaciones abiertas, ya sea por sus vínculos con ‘Los Niños’, acusados de ser ‘Mochasueldos’, y demás barbaridades al momento de votar en el hemiciclo, y ni qué decir de sus antiguos miembros que terminaron desperdigados en distintas bancadas. Igual ellos tienen ‘rabo de paja’.

Como les incomoda que la justicia nacional esté a todo momento detrás de ellos, el congresista perulibrista Américo Gonza ha presentado el Proyecto de Ley (PL) n.° 11750/2024-CR, el cual propone modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionaros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos.

De acuerdo a la iniciativa, se busca modificar artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal para excluir a magistrados provisionales o supernumerarios de los procesos, pues, según el congresista Gonza, el objetivo es “asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política”. Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales, lo que no ofrecería “garantías de autonomía e independencia”.

«La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política», sostiene el legislador cajamarquino.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión «imparcial». «Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción», anota el proyecto.

Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. «Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido», indican.