Fundador del partido Peruanos por el Kambio, el cual es investigado por el caso Lava Jato habría tenido un incumplimiento sobre normas de conducta, indica el magistrado José Vargas.
Jorge Vargas Sueldo, quien ocupa el cargo de fiscal del grupo Lava Jato, solicita que se incorpore a las normas sobre la detención domiciliaria del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, ciertas restricciones por un supuesto incumplimiento con las reglas en su contra al otorgar declaraciones de índole político en un canal de televisión.
Según Expreso, Fiscalía habría gestionado que el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz haga una revisión mediante una audiencia de prevención si las reglas de conducta de PPK aumentaron o disminuyeron al dar declaraciones en el programa de Milagros Leiva y haber mantenido una comunicación con Gilbert Violeta, excongresista.
César Nakazaki, quien es abogado del ex mandatario y líder del partido Peruanos Por el Kambio, pidió mediante el desarrollo de la audiencia virtual, en presencia del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que se varíen cuatro de seis en las medidas de restricción de la actual detención domiciliaria.
“La libertad de expresión ya no podría restringirse después de dos años de detención. Nosotros planteamos que se declare improcedente, que se desestime (el pedido fiscal), porque no hubo violación de las restricciones”, así mencionó la defensa legal de PPK.
Acerca de la aspiración del abogado del expresidente, Vargas Sueldo, sujetó que existen canales en donde la normal legal puede regular los escenarios de una prisión preventiva, no obstante, en la solicitud del abogado de PPK debe haber una revisión sobre el pedido de disminución de la detención domiciliaria.
El diario Expreso, también menciona que el juez Chávez Tamariz resolverá en el plazo otorgado de acuerdo a ley si es que se incluye o se pasa por alto algunas restricciones en la, ya mencionada, prisión domiciliaria, como lo solicitó el Ministerio Público en la investigación con seguimientos por asesoramientos de su empresa Westfield Capital a Odebretch, en el caso Interoceánica Sur.
La conocida empresa brasileña admitió, en marzo de 2017, que había hecho un pago por más de un millón de soles a esta firma, a lo cual se le considera un presunto lavado de activos.
A su vez, Kuczynski dio asesorías pagadas a los brasileños con respecto al financiamiento de los peajes de Vías Nuevas de Lima, los cuales fueron oficializados cuando Susana Villarán era la alcaldesa de la capital.