Pedro Castillo vuelve a perder en la vía judicial: PJ rechaza apelación para anular investigación por golpe de Estado

Entre absurdos y manotazos de ahogado, el ex mandatario intenta tejer un argumento sacado de algún guion de ciencia ficción, pues todos fuimos testigos de lo que intentó perpetrar. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema informó anoche que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa legal del expresidente de la República, Pedro Castillo, que buscaba anular la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre.

De esta forma, esta segunda instancia del Poder Judicial (PJ)confirma la resolución emitida por el magistrado Juan Carlos Checley contra Castillo Terrones. Los abogados del profesor cajamarquino argumentan que el Congreso dispuso levantar el antejuicio político y también tramitó el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente sin que se haya realizado de manera legal y correcta.

En su resolución, la Sala Penal Permanente indicó que anteriormente había validado la decisión del Congreso porque el exmandatario cometió el delito en flagrancia al brindar su mensaje golpista ante todo el país. Además, mencionan que Castillo intentó fugarse junto a su familia al intentar refugiarse en la embajada mexicana en Lima.

“En vista del pronunciamiento público, del incumplimiento de sus órdenes por la Policía Nacional y de huida, efectivos policiales lo capturaron en plena fuga, lo que obviamente constituye un caso de delito flagrante […] pues huyó, fue identificado por su pronunciamiento público e inmediatamente fue aprehendido en camino al local de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento.

En otra parte del fallo también se indica que no correspondía iniciar un proceso regular de acusación constitucional contra el expresidente Castillo debido a que eso iba a tomar un tiempo y habría abonado al peligro de fuga que existía sobre él porque tenía un plan para evadir a la justicia.

“La necesidad de una decisión parlamentaria que aprobara la autorización de la formación de causa penal, atento a la flagrancia delictiva y al peligro de huida, manteniendo la esencia de la valoración parlamentaria y de una votación calificada, es suficiente razón política y jurídica para validar el procedimiento parlamentario”, agregan en la resolución judicial.

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema añaden que “lapropia institución de la acusación constitucional ante conductas delictivas, en tanto principios fundamentales que derivan de la misma Constitución, justifican el procedimiento seguido”.

De esta manera, respaldaron las acciones que tuvo el Parlamento al acelerar el levantamiento del antejuicio político sin que se haya dado a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego la Comisión Permanente y después el Pleno.

“La decisión del Congreso era necesaria pues no había otras medidas igualmente eficaces -por los riesgos de alejamiento del imputado del país y el hecho que el plazo de la detención judicial preliminar estaba por vencerse- para habilitar el proceso penal y, luego, garantizar la ulterior efectividad del mismo -el tiempo que demandaba el artículo 89 del Reglamento no era propio para evitar estos riesgos-. No hay, pues, un sacrificio desmesurado o manifiestamente innecesario del derecho de defensa limitado”, se agrega.