Acorralado por seis investigaciones fiscales por presuntos delitos vinculados a corrupción, sospechoso de ser el líder de una organización criminal –en la que estarían vinculadas personas de su entorno personal y familiar– Pedro Castillo Terrones decidió dar un salto al vacío.
El pasado 7 de diciembre, visiblemente nervioso y tembloroso, balbuceó su torpe anuncio de “disolver” el Congreso de la República, blandiendo argumentos falaces: “Se dictan las siguiente medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, afirmó. (https://tinyurl.com/522dvruu). Además amenazó con instaurar el toque de queda y expresó su intención de gobernar mediante decretos ley.
Como se sabe, ese día Castillo debía acudir al Congreso donde se iba a discutir una nueva moción de vacancia. Es decir, estaba al borde del abismo. Todos los días previos, sus declaraciones fueron de victimización, señalando en el objetivo de este juicio político en su contra era “dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir” de los peruanos, además que querer “sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó” (https://tinyurl.com/bdez9bjv). Nada más falso.
El miedo parece que fue más poderoso porque decidió patear el tablero y dar un golpe de Estado. Pero, los acontecimientos dieron un giro totalmente radical. Inmediatamente, sin que él se lo imaginara, el propio Congreso que él pretendía cerrar acordó su destitución por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, con lo cual prácticamente lo dejaron fuera de carrera.
La estocada final vino cuando el cuestionado líder de Perú Libre fue detenido en la avenida Wilson, en el centro de Lima, tras una rápida decisión de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, y fue recluido en la sede de la Prefectura. Hasta allí llegó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para notificarle a Castillo que se había iniciado una nueva investigación en su contra, la séptima que suma. Posteriormente se le dictó siete días de prisión preventiva y fue confirmado en la sede policial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional en el distrito de Ate.
En su reemplazo y de acuerdo al mandato de la Constitución, Dina Boluarte fue designada como presidenta de la República del Perú –la primera en la historia republicana del Perú– y que tendrá el papel de retomar el equilibrio y estabilidad que nuestro país requiere.
El diario Perú 21 lo ha resumido así: “Capturar a Castillo fue sencillo para la Policía Nacional. Luego de haber anunciado la ilegal disolución del Congreso de la República, minutos antes del mediodía, el expresidente abordó una camioneta de seguridad del Estado, junto al expremier Aníbal Torres, con rumbo a la embajada de México para buscar asilo. Solo momentos después de que el Parlamento aprobara la vacancia del exmandatario, sus propios custodios procedieron a su captura bajo la modalidad de flagrancia y lo condujeron a la Prefectura. Es decir, no necesitaban una orden judicial. Y es que, con el inconstitucional cierre del Parlamento, Castillo cometió el delito de rebelión, estipulado en el artículo 346 del Código Penal, y que estima una pena de 10 a 20 años de cárcel efectiva. La norma indica que se configura el crimen cuando una persona se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Esto último fue lo que hizo el exgobernante cuando anunció públicamente la disolución del Legislativo. Además, los efectivos de la Policía acataron el artículo 46 de la Constitución, que señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”. (https://tinyurl.com/478d2xt4)
En todo momento, Castillo estuvo acompañado por su fiel escudero, Aníbal Torres y expresidente del Consejo de Ministros, quien dijo que iba a asumir su defensa legal. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación citó para este viernes a los 18 integrantes del gabinete liderado por Betssy Chávez, el último equipo del expresidente Castillo, a fin de conocer su participación en la decisión golpista. No obstante, al momento de redactar este artículo, Aníbal Torres anunció vía Twitter su decisión de que iba a pasar a la clandestinidad al haber sido incluido en la investigación por el golpe de Estado.
“La Fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto paso a la clandestinidad”, escribió este sábado 10 de diciembre. (https://tinyurl.com/5n9av5yf).
El abogado añadió: “La Fiscal de la Nación me incluye como investigado y me aparta de la defensa de Pedro Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país. Mi incólume lealtad con Pedro Castillo, es mi lealtad con el pueblo”.
Al parecer, esta trama todavía nos dará nuevas sorpresas durante los días siguientes. Mientras tanto, actualmente hay disturbios y actos violentos en el sur del país, con la toma de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Ica, impidiendo el paso de vehículos a manos de vándalos que defienden al aprendiz de dictador. Estos actos han generado ya casi una veintena de heridos e incluso un policía fue tomado de rehén en Andahuaylas, donde los revoltosos exigen la salida de Dina Boluarte (https://tinyurl.com/5n9av5yf).
Paralelamente asistimos también a declaraciones excéntricas que intentan “limpiar” a Castillo. Es el caso de Guido Bellido. El diario Expreso señaló que el congresista “solicitó que se investigue a los verdaderos artífices del golpe de Estado, ejecutado por Pedro Castillo. De acuerdo al legislador, al presidente se le obligó a leer el documento”.
«Hay indicios que el Presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución, y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia, por qué hasta ese momento no existían los votos. Exigimos se determine quienes fueron los artífices de esta caída», denunció Guido Bellido. (https://tinyurl.com/3xs54hxx)
Asimismo, vía Twitter, dijo: El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio, dijo en un tuit.
Lo cierto es que la condena nacional y mundial al fracasado golpe de Estado de Castillo es unánime. “Castillo, aprendiz de dictador, sucumbió a la tentación autoritaria. Vestido de traje y corbata leyendo un texto que seguramente él no había escrito anunció el cierre del Congreso”, comentó el periodista Jaime Bayly en su programa en Miami y además acusó al exmandatario de no escuchar a la ciudadanía peruana que pedía una salida institucional al conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento peruano.
Para terminar este análisis, resaltamos la grave inestabilidad política del Perú, donde desde 2016, hemos tenido cinco presidentes, Pedro Pablo Kuczynski que enfrentó una moción de vacancia, pero renunció antes de la votación de destitución que se estima tenía perdida y tiene detención domiciliaria. Luego vinieron Martín Vizcarra –destituido en el 2020 por el Congreso por “incapacidad moral”–; Manuel Merino –que fue presidente por cinco días y luego renunció–, y posteriormente Francisco Sagasti, quien terminó el periodo presidencial de Vizcarra en 2021. Eso, sin contar que todos los expresidentes anteriores tienen investigaciones judiciales por presuntos delitos: Alejandro Toledo (en proceso de extradición) y Ollanta Humala… ¡Dios ampare a nuestra patria!
