Pecados y milagros de la SUNEDU

El 9 de julio de 2014 se promulgó la nueva Ley Universitaria Nº 30220 impulsada por el militar en retiro y excongresista Daniel Mora. En aquella época Mora argumentaba que la nueva ley acabaría con el lucro en la educación y que contribuiría a la calidad educativa en el futuro, esto en respuesta al Decreto Legislativo 882 promulgado durante el gobierno de Alberto Fujimori y que promovía la inversión privada en los servicios educativos.

Sin embargo, en pocos años todos fuimos testigos de un indiscriminado surgimiento de decenas de universidades chicha que lo único que hacían era captar dinero y boicotear la calidad educativa.

Entonces, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) fue disuelta y en su reemplazo se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, más conocida como SUNEDU, y que desde ese momento fue adscrita al Ministerio de Educación.

Pero, ¿En qué se convirtió la Sunedu? ¿En 7 años de creación, realmente contribuyó a la calidad educativa de las universidades?

Uno de los logros que defienden los seguidores de la nueva Ley Universitaria y del surgimiento de la Sunedu, es haber creado los licenciamientos para el servicio educativo, a través de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Eso significó que todas las universidades del país, tanto nacionales como privadas pasaran por un proceso de inspección y fiscalización para determinar si realmente cumplían con las Condiciones Básicas de Calidad.

En principio, todo sonaba bien, y por eso los procesos de licenciamientos avanzaron vertiginosamente, tanto que la Sunedu denegó licencias a 50 universidades en todo el país, 47 privadas y 3 nacionales; entre ellas, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional Ciro Alegría.

Sin embargo, esas denegaciones afectaron a casi 240 mil estudiantes, que se quedaron sin casas de estudios. 

En plena pandemia en 2020, Lima Gris denunció que la Sunedu otorgó licenciamientos a universidades que aún no funcionaban, porque se encontraban en construcción y solo existían en el papel.

Se trataba de 7 filiales regionales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) que pertenecía al poderoso Grupo Intercorp.

 En aquella época el exministro de Educación Martín Benavides, quien también fue superintendente de la Sunedu en 2020 y el titular de Sunedu, Oswaldo Zegarra, fueron citados al Congreso para que expliquen por los licenciamientos de las 7 sedes de provincia de la UTP y de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Ellos, evidentemente negaron todo y solo afirmaron que había una clara intención de boicotear “La reforma universitaria”.

Precisamente, hace dos días, el Pleno del Congreso aprobó la ley que propone restablecer la autonomía de las universidades peruanas y que modifica el Consejo Directivo de la Sunedu.

Si bien, esta autógrafa de ley será enviada al presidente Pedro Castillo para que la promulgue, u observe, cabe indicar que la autonomía universitaria se perdió desde que surgió la “Ley Mora” para dársela al Ministerio de Educación a través de Sunedu y crear un Consejo Directivo que desde el 2015 ha tomado las decisiones más importantes para los destinos de las universidades del Perú.

Y ahora el Consejo Directivo, que está conformado por 5 representantes, pasará a tener 7 representantes; sin embargo, algunos políticos como la exministra vizcarrista y hoy congresista, Flor Pablo, han dado el grito en el cielo y salen a los medios a aseverar que esta ley es un atentado contra la educación y que solo permitirá el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores.

Por eso nos preguntamos una vez más, ¿Los políticos realmente se preocupan por la calidad educativa?

Desde que surgió la Sunedu con sus Condiciones Básicas de Calidad:

¿acaso ha mejorado la calidad universitaria en las 143 universidades peruanas?