Política
Parlamentarios sindicados de pertenecer a ‘Los Niños’ pretenden impulsar ley para regresar la inmunidad parlamentaria
Propuesta devolvería nuevamente ‘blindaje’ ante medidas impuestas por la Fiscalía contra los investigados.
Se sienten acorralados e indefensos. A pesar de que la inmunidad parlamentaria quedó sin efecto en febrero del 2021, un sector del Congreso de la República busca restablecerla. Se trata nada menos que la bancada de Acción Popular que ha presentado un proyecto de reforma constitucional.
Según la iniciativa N° 5652/2023-CR, lo que se busca es modificar los términos que aparecen en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. En este dispositivo legal se menciona que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.
Además, se lee que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”.
“No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo”, sería el párrafo que agregan.
La propuesta fue presentada por Wilson Soto. Y coincidentemente cuenta con el aval de sus colegas Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza y Juan Carlos Mori, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado por parte de la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’.
Como es público, la lobista Karelim López acusó a los citados acciopopulistas en mayo del 2022 ante la Comisión de Fiscalización de ser el brazo legislativo del encarcelado expresidente Pedro Castillo a cambio de tener favores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época del hoy prófugo Juan Silva Villegas.
Además, los parlamentarios habrían tenido influencia en los ministerios de Vivienda y Producción. A pesar de las pruebas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión de Ética no les impuso ninguna sanción porque fueron blindados.
En la propuesta de Soto también aparecen las firmas de Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola y Silvia Monteza. Según el colaborador eficaz CE-12-2022, estos acciopopulistas también fueron captados por el expresidente Castillo “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.
Por esa razón, la fiscal Patricia Benavides también los investiga por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.