Oscuros manejos en la UNSAAC: Red de poder, impunidad y nexos con el Caso Sheraton

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), una de las casas de estudios más antiguas del país, enfrenta una crisis institucional sin precedentes. Las irregularidades, hasta hace poco solapada entre trámites administrativos y silencios cómplices, estalló públicamente en septiembre de 2024, cuando la Policía Anticorrupción —bajo la dirección de la fiscal Patricia Molina Villena— intervino la Escuela Profesional de Arqueología.

La operación terminó con la detención preliminar de tres funcionarios: Alfredo Mormontoy Atayupanqui, jefe del departamento académico de Arqueología; Patricia Marlene Arroyo Abarca, directora académica; y Claudia Cecilia Herrera Moriano, secretaria informal pero omnipresente en la gestión de la escuela. La intervención, avalada por el Ministerio Público, reveló indicios concretos de colusión y peculado en perjuicio del Estado.

Fuente: Ministerio Público.

Lima Gris accedió a la resolución de formalización de investigación preparatoria fechada el 6 de septiembre. La fiscal Molina Villena, cuyo trabajo meticuloso ha sido clave, expone allí una estructura operativa donde el uso indebido de recursos públicos era práctica común. Conversaciones halladas en los celulares de los intervenidos muestran cómo se presionaba a docentes para “regularizar” firmas de asistencia, incluso en días no laborables. El objetivo: legitimar ausencias y cubrir irregularidades académicas y administrativas.

El papel de Claudia Herrera resulta especialmente perturbador. Aunque no figuraba como trabajadora oficial, operaba como autoridad de facto: controlaba la asistencia docente, gestionaba los gabinetes, realizaba trámites estudiantiles y hasta cobraba por estos servicios. Su tesis fue hallada en una computadora institucional, al igual que un archivo Excel que detallaba pagos irregulares para financiar su salario, dinero exigido a docentes bajo presión de Arroyo y Mormontoy. Peculado y colusión, de manual.

Fuente: Ministerio Público.

La universidad, en un comunicado tibio, intentó deslindar responsabilidades negando el vínculo laboral con Herrera. Sin embargo, no ha separado de sus cargos a Mormontoy ni a Arroyo, quienes siguen enseñando en la UNSAAC pese a las graves acusaciones. La decisión no solo refleja una alarmante permisividad, sino también posibles pactos de protección desde las más altas esferas universitarias.

Ambos docentes son miembros del movimiento político Mi UNSAAC, el mismo que llevó al rector Eleazar Crucinta al poder. Crucinta no solo comparte militancia con los investigados; propuso a Patricia Arroyo como integrante del comité electoral para las elecciones universitarias de 2025, lo que evidencia el grado de influencia que aún conserva la dupla denunciada. La captura de la universidad por un grupo con fines particulares ha puesto en jaque la integridad institucional.

Fuente: Ministerio Público.

Vínculos con el caso Sheraton

Pero el caso no termina ahí. Mormontoy y Arroyo también figuran en la investigación por el Caso Sheraton, escándalo emblemático por la destrucción de patrimonio cultural en el centro histórico de Cusco. En ese caso, también dirigido por la fiscal Molina, se indaga una red que habría operado con respaldo político y técnico desde la universidad. La conexión entre ambos expedientes es más que una coincidencia: sugiere una trama oscura con múltiples capas y actores.

Los testimonios recogidos por el Ministerio Público son reveladores. Docentes aseguran que Herrera manejaba la escuela como si fuera su propiedad. La supuesta “acta de acuerdo” que autorizaba sus funciones no existe. Además, se han verificado viajes al extranjero de profesores durante el semestre académico, quienes, con ayuda de Herrera, falseaban su asistencia y cobraban sus sueldos sin dictar clase. Mormontoy y Arroyo, beneficiarios de un sobresueldo por funciones administrativas que delegaron completamente en Herrera, no solo incumplieron sus labores, sino que coaccionaron a sus colegas para financiar su negligencia.

Fuente: Ministerio Público.

Todo esto ocurre mientras el rectorado guarda silencio. Ni una sola sanción, ni un proceso disciplinario. La inacción, lejos de ser torpeza, se interpreta como encubrimiento.

La pregunta es inevitable: ¿por qué siguen enseñando quienes enfrentan acusaciones tan graves? ¿Cómo puede una universidad pública tolerar que personas con nexos oscuros, investigadas por dañar el patrimonio cultural de la humanidad, sigan formando a futuros arqueólogos?

Rector de la UNSAAC Eleazar Crucinta.

El mérito del Ministerio Público ha sido enfrentarse a una estructura enquistada en la academia cusqueña, donde el poder se ejerce con impunidad y las redes políticas aseguran protección. El caso UNSAAC, más allá de sus protagonistas inmediatos, es un reflejo de la degradación institucional que corroe a varias universidades públicas del país.