¿Quién dijo que estamos a favor de una amnistía general de presos? Lo que estamos reclamando es la justa atención de la población penitenciaria, que no se rebela “porque quieren salir”, si no porque no hay medidas de sanidad frente a la pandemia. Y eso, en condiciones de hacinamiento, equivale a una sentencia de muerte.
Cuando reclamamos por la muerte de 9 presos que protestaban, salieron a relucir los predicadores del genocidio: “Que los maten a todos”. Argumentan que quienes han dañado a otros no tienen derecho a la vida. Que los demás, los miles que quedan, no tienen derecho a la salud. Supongo que se habrán sentido contrariados al escuchar el mensaje presidencial de hoy. Vizcarra no opina como ustedes.
Dice Vizcarra que hay 68 cárceles en el país para más de 100 mil presos, cuando la capacidad es mucho menos que la mitad. Señaló que el hacinamiento no es de ahora, preguntándose qué hicieron anteriores gobiernos los últimos 20 años. La diferencia es que ahora hay una pandemia. Le han dado 10 millones de soles para que haya limpieza en los penales. La pregunta es si realmente se están gastando esos 10 millones en higiene penitenciaria o también se están sobrevalorando las compras, como en la PNP. Porque si no llegan los productos al penal, si encima del hacinamiento reina la insalubridad, alguien se está robando la plata. Dejar a los presos a su suerte fue lo que desencadenó la crisis de los penales. Peor aún si los empleados del INPE contagiaron a los internos. Significa que esos empleados no fueron atendidos, no tuvieron análisis, no se tomaron las medidas de prevención.
Un duro golpe a los predicadores del genocidio fue que Vizcarra precisó que algunos de los internos puedan salir más rápido, por ejemplo, los que están por sentencias de alimentos. Repitió lo que ya sabíamos, que este gobierno tenía en proyecto más de 3 mil indultos: mujeres en gestación, otras con hijos menores en la cárcel o personas que por su avanzada edad o enfermedades previas están en mayor riesgo. También los que están por cumplir sus sentencias. “Pero un criminal, un corrupto que ha robado al estado, un feminicida, un violador de menores, no”. Esta parte es interesante. La peligrosidad del sujeto, probada su responsabilidad por un tribunal, los excluye de un posible indulto humanitario. Obvio. Imprímase para que no quepa la menor duda. Pero como el mismo Vizcarra señala, hay más de 30 mil presos que no tienen sentencia. El presidente le reclama celeridad procesal al Poder Judicial.
Quedemos con que “un corrupto que le ha robado al estado” no debe esperar el indulto. Los corruptos están en cárceles doradas, no en pabellones con criminales de alta peligrosidad ni en condiciones insalubres. Esos pueden sobrevivir a la pandemia y ver el fin de sus sentencias. Los millones del clan Fujimori, esos millones que no tenían antes de gobernar, no retornaron al país. Son suficiente colchón de billetes para soportar mil pandemias sin trabajar. Aquí hay presos… y presos…
La parte más sabrosa del discurso presidencial, en este punto, es la responsabilidad de anteriores gobiernos. Se refiere a Alan García cuando dice: “Hace pocos años hubo una gran cantidad de indultos a narcotraficantes y vemos que ellos, los que hicieron esto, nos critican. Los que gobernaron y no hicieron nada, lo poco que hicieron fue indultar a narcotraficantes”. Los apristas, los fujimoristas, los toledistas, los humalistas, mejor se callan porque son corresponsables de esta situación. Lo que no releva al gobierno de Vizcarra de sus responsabilidades ante la crisis de salubridad carcelaria. Porque como le dijo una periodista, en el rol de preguntas, fue advertido a tiempo de esto. Así como un político no debería vivir de su pasado, tampoco debería justificar sus desaciertos recurriendo al pasado ajeno.
Desde marzo el INPE tenía que responsabilizarse junto al MINSA frente a un contagio masivo que se veía venir en las cárceles. Tenemos tiempo para ver resultados, aquellos que por lógica elemental o sentido común son de esperar.
