Mientras el mundo admira la majestuosidad de Ollantaytambo, sus autoridades parecen decididas a convertir esta ciudad inca en un souvenir de la corrupción. La construcción ilegal del hotel Sol Ollantaytambo Boutique no es solo una afrenta al patrimonio cultural, es un catálogo vivo de irregularidades y de presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El permiso base de esta obra —una “restitución volumétrica” que suena a eufemismo legal para destruir nuestra historia— fue otorgado sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, anulado tarde y, hasta hoy, sin orden de demolición. ¿Casualidad o complicidad? Mientras tanto, el hotel avanza. En el camino, ha dejado no solo un rastro de escombros, sino un fuerte cuestionamiento contra el alcalde Paul Palma y su gerente municipal, José Carlos Cárdenas Chamorro.
Ambos aparecen vinculados a autorizaciones de obra emitidas sin cumplir la normativa vigente. Cárdenas, desde la Gerencia de Desarrollo Urbano, ha firmado permisos tan arbitrarios como frecuentes, sin que el Ministerio de Cultura diga ni pío. La Ley General del Patrimonio, al parecer, solo aplica para ciudadanos de a pie, y no para empresarios.
La protagonista empresarial de esta historia, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador, Derik Miranda, no solo han levantado un hotel en zona arqueológica, sino que también han cobrado jugosos montos de la Municipalidad Distrital. Más de 67 mil soles por conceptos tan variopintos como «refrigerios» y «kits de incentivo».
Para colmo, Derik Miranda defiende con entusiasmo al alcalde Palma en redes sociales. ¿Por lealtad ciudadana o por vínculos contractuales? Las fotos familiares con las hermanas del alcalde y los contratos municipales levantan más sospechas que cualquier escombro. El silencio del Ministerio de Cultura, encabezado por Fabricio Valencia Gibaja —quien, irónicamente, tiene intereses hoteleros en la zona—, es ensordecedor. ¿Protegerá el ministro el legado inca o el negocio familiar?
Ollantaytambo no necesita más hoteles ilegales; necesita autoridades que no vendan su historia al mejor postor. La Fiscalía, la Contraloría y la Policía Anticorrupción deben actuar ya. El patrimonio no se defiende con discursos, se protege con acciones.
Tras la denuncia publicada en el portal Lima Gris, ayer el Ministerio de Cultura, a través de la DDC de Cusco, ha remarcado que este tipo de actos son ilegales y atentan contra la conservación del legado histórico del país. Menos mal que reaccionaron. ¡Basta de butifarras!
