La construcción ilegal del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, no solo revela graves irregularidades administrativas y un daño irreparable al patrimonio, sino que expone una red tráfico de influencias, posibles actos de corrupción, un preocupante abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales, un serio riesgo ambiental y una activa defensa del alcalde por parte del principal implicado. 

Entre los implicados aparecen el actual alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, funcionarios municipales, la dueña del hotel Lucinda Miranda Farfán y su administrador Derik Miranda Farfán. Según fuentes cusqueñas, nuestra anterior publicación generó un temblor en las oficinas de la Dirección Desconcentra de Cultura de Cusco y en las instalaciones del municipalidad de la ciudad inca.

Se colapsó muro correspondiente a la canalización del Rio Calicanto  provocado por la  construcción de fierro y cemento realizada gracias a la autorización irregular de Restitución Volumétrica otorgada por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

Escandalosas irregularidades

El permiso de restitución volumétrica, base de la construcción ilegal, presenta fallas cruciales: se la documentación a la cual hemos tenido acceso, se otorgó sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, se anuló tardíamente y hasta la fecha no existe una orden de demolición. Estas omisiones representan una grave falla en el proceso administrativo y una flagrante vulneración de las leyes de protección del Patrimonio Cultural de la Nación.  La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe.

Esta situación se agrava por la evidencia de que la Gerencia de Desarrollo Urbano, bajo la dirección del Arq. José Carlos Cárdenas Chamorro, ha venido otorgando autorizaciones de obra de manera irregular, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, como lo exige la norma.  Estas autorizaciones se han emitido en el centro histórico de Ollantaytambo y en sectores protegidos por la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO.  Además,  la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de Noviembre del 2022. 

La omisión de la calificación de los expedientes por los delegados AD HOC del Ministerio de Cultura agrava la situación. Lo curioso es que desde la sede central del Mincul hay un silencio sepulcral.

Derik Miranda Farfán dirigiendo personalmente la construcción que atenta contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

¿Colusión, Enriquecimiento Ilícito y Tráfico de Influencias?

La denuncia pública y ante la Policía Anticorrupción de Cusco realizada por el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, Andrés Fabián Bravo Pinedo, revela una red de influencias que conecta al alcalde Paul Palma, funcionarios municipales, y la dueña del hotel en construcción Lucinda Miranda Farfán y su administrador Derik Miranda Farfán, este último  ha recibido pagos de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo por un total de S/. 67,265, según información del portal de transparencia.

Este monto se desglosa de la siguiente manera:

• Adquisición de KIT de incentivos: S/. 38,625.00
• Refrigerios y almuerzos: S/. 8,160.00
• Contratación de jueces: S/. 1,760.00
• Contratación de personal para mesa de partes: S/. 720.00
• Refrigerios S/. 18,000.00 

Fuente: OSCE.

Estos pagos, especialmente habrían sido destinados a “Jueces”, “refrigerios” y “kits de incentivos”, generan serias dudas sobre su legitimidad y transparencia, apuntando a una posible sobrefacturación o pagos ficticios. La denuncia de Bravo Pinedo destaca la estrecha relación entre Miranda y el alcalde Palma, así como lo evidencia una foto donde esta Miranda con las hermanas del alcalde, sugiriendo una red de influencias que ha facilitado la obtención de contratos municipales de manera irregular. Esta relación de amistad y/o parentesco, combinada con los pagos sospechosos, refuerza la hipótesis de un presunto contubernio para beneficiar a Miranda a expensas del patrimonio arqueológico y el erario público.  La denuncia pública de Bravo Pinedo proporciona un testimonio crucial que debe ser considerado en la investigación.

Derik Miranda Farfán, proveedor estrella de la Municipalidad de Ollantaytambo junto a las hermanas del Alcalde de Ollantaytambo.

Activa Defensa del Alcalde por parte de Carlos Miranda

Más allá de los indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito, se evidencia una activa defensa a favor del alcalde Paul Palma por parte de Carlos Miranda.  Publicaciones en redes sociales del 12 de abril de 2024, mostradas por Andrés Fabián Bravo Pinedo, Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo,  demuestran que Miranda defiende  públicamente al alcalde de Palpa contra las críticas a la gestión municipal ante el bloqueo de calles en Ollantaytambo por ciudadanos que organizados comenzaron a tapar los huecos de las avenidas de esta ciudad inca viviente ante la inoperancia municipal. 

Esta defensa pública, realizada por un proveedor municipal con contratos cuestionados, evidenciaría una estrecha relación y complicidad entre Miranda y el alcalde, socavando la transparencia y la imparcialidad en la gestión municipal.

Llamado a la Acción y Exigencias

La situación en Ollantaytambo exige una respuesta inmediata y contundente. Se debe emitir de inmediato una orden de demolición para detener el daño al patrimonio arqueológico. La Contraloría General, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción deben investigar a fondo las irregularidades en el proceso de concesión del permiso, la anulación tardía y la falta de orden de demolición, así como los pagos sospechosos a Carlos Miranda y la gestión irregular de las autorizaciones de obra por parte del Arq. José Carlos Cárdenas Chamorro.

La investigación debe incluir el análisis de todos los contratos otorgados por la municipalidad a Miranda para determinar la existencia de otros posibles casos de corrupción. Las organizaciones vivas del Pueblo de Ollantaytambo deben exigir la rendición de cuentas por parte del alcalde Paul Palma y el gerente municipal José Carlos Cárdenas Chamorro, y se debe garantizar que los responsables sean sancionados con el peso de la ley.

Publicación en redes sociales realizada por Derik Miranda Farfána a favor del alcalde de Ollantaytambo.

La protección del patrimonio cultural de Ollantaytambo y la lucha contra la corrupción son responsabilidades ineludibles para las autoridades. La denuncia de Andrés Fabián Bravo Pinedo debe ser considerada como evidencia clave en la investigación, y su testimonio debe ser protegido.  La pregunta realizada por Bravo al refereise a los comentarios vertidos en las redes sociales por Carlos Miranda  de ¿por qué se defiende tanto a esta gestión, si por amistad, desarrollo del pueblo o enriquecimiento personal?, queda abierta a la investigación, pero las pruebas presentadas apuntan fuertemente hacia un presunto enriquecimiento ilícito y abuso de poder.

Nos comunicamos con el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma y con el gerente Carlos Cárdenas para recoger sus descargos, pero hasta el cierre de esto informe no hemos recibido sus respuestas.

Imaginamos que el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja ya tomó conocimiento este nuevo escándalo, y su preocupación debería ser mayor ya que su familia también tiene un hotel en Ollantaytambo. Nos preguntamos ¿el ministro actuará ante lo sucedido o se quedará de brazos cruzados?