El presidente Pedro Castillo ha tenido que recurrir a los organismos internacionales para asegurar su permanencia dentro de Palacio. Es por ello que el canciller César Landa expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Unidos(OEA) los motivos por los cuales se debería activar la Carta Democrática Interamericana, al manifestar que hay una situación de grave crisis política que, si no es corregida a tiempo, podría poner en riesgo la democracia y el ejercicio de poder.
“Mi país vive en la actualidad una grave crisis política que requiere ser superada porque afecta a los más vulnerables […] De no ser corregida a tiempo, podría ocasionar que se cuestione el orden democrático, el estado de derecho y el ejercicio legítimo del poder en el Perú”, explicó ante la sesión extraordinaria de este 20 de octubre.
Previamente, la Cancillería descartó que la posible activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA pueda afectar los procesos judiciales o constitucionales que están en marcha en el Perú. Este y otros puntos fueron expuestos por César Landa ante el Consejo Permanente.
El ministro aseguró que el objetivo principal es abrir espacios de diálogo y concertación tras una evaluación “imparcial e independiente del proceso político democrático peruano”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que busca mantener el estado de derecho y la democracia representativa, únicas vías para lograr el desarrollo y la paz, así como garantizar derechos fundamentales y resolver los desafíos del país.
Ante esos argumentos esgrimidos por el canciller Landa, el Consejo Permanente de la OEA ha decidido aprobar dicha solicitud, indicando que se realizará una visita, conformada por “un grupo de alto nivel”, para que vea la situación actual del país.
Con esto, la OEA aprobó la creación de una comisión que realizará una visita al país, al mismo tiempo que hizo una exhortación a que se solucione de manera preventiva y a través del diálogo la crisis política en el país.
La resolución, leída por Harold Forsyth, plantea cinco puntos empezando por una expresión de solidaridad y respaldo al Gobierno “democráticamente electo de la República del Perú” y de su preservación de la institucionalidad democrática.
Asimismo, se exhorta a que la OEA haga un llamado para que todos los actores para que respeten el estado de derecho y el ejercicio de la democracia representativa.