Odebrecht: actual ministra de Transportes posee más de 6 mil acciones a nombre de Aenza, nuevo nombre de Graña y Montero

La que nada debe nada teme, y tal pareciera que la nueva titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte Castillo, se le ha pasado en alto colocar información relevante sobre sus participaciones en la empresa Aenza, el intento de Graña y Montero (GyM) por querer cambiar su imagen luego de haber estado inmerso actos de corrupción, según su propia confesión en el sonado caso Lava Jato.

Cabe recordar que esa empresa confirmó a la Fiscalía que realizó el pago de coimas para hacerse suyas licitaciones de obras públicas como el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Además de obras viales de conexión en Cusco, Ayacucho, Ica, Abancay y Arequipa.

“Mediante el acuerdo, Aenza S.A.A reconoce que fue usada por algunos de sus exdirectivos para la comisión de hechos ilícitos hasta el 2016 y se compromete, en consecuencia, al pago de una reparación civil al Estado por S/. 321,9 millones y US$ 40,7 millones sujeta a un plazo de pago de 12 años y garantizada por un fideicomiso de garantía, una hipoteca de primer rango y una cuenta de reserva por un monto equivalente a la cuota a pagar en el siguiente año” se lee en la confesión de Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general corporativo de Aenza, ex Graña y Montero.

Mencionados estos hechos ahora se entiende con mayor claridad el porqué de querer omitir cierta información de la ahora ministra Lazarte cuando se trata de una empresa desprestigiada por los actos de corrupción descritos. Y claro, un perfil profesional excepcional de Lazarte (diplomada en Gestión de las Finanzas Públicas por parte de la Universidad de Harvard), no debería quedar percudido por unos simples números de más, sobre todo si esos números son acciones de Aenza.

Es importante indicar que los ministros, así como otros funcionarios, se encuentran obligados a mencionar en su Declaración Jurada de Intereses información relevante a sus ingresos, vínculo familiar, participaciones en organizaciones políticas u organismos no gubernamentales; información relacionada a su relación con sociedades u empresas, según lo mencionado por la Contraloría General de la República, Ley 31227.