OCMA tras juez Bonifacio Meneses Gonzáles, por presunta coima millonaria

En el pasado mes de marzo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió un proceso disciplinario a dos de los tres jueces superiores investigados por el presunto cobro de coimas que habrían permitido la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo.  Uno de ellos es Meneses Gonzales, quien viene siendo investigado debido a que en un informe del portal Ojo Público se reveló que el patrimonio del tremendo juez aumentó en seis años en un 611% pasando de 100 mil soles en 2009 a más de 650 mil soles en 2015. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio?

El otro indicio de una posible vinculación con el círculo de gobierno de Castillo es que Meneses Gonzáles fue integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, en el período 2002-2003, cuando fue decano Aníbal Torres Vásquez, exprimer ministro quien fungía de asesor principal de Pedro Castillo Terrones.

Según su hoja de vida, Meneses Gonzáles, juez superior integrante de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, se inició como trabajador de Servicio II (limpieza y portapliegos) en la Corte Superior de Justicia de Puno. Luego hizo una rutilante carrera judicial que está a punto de acabar en la ignominia, si es que se comprueba que el fue el destinatario de los dos millones de soles que Pedro Castillo solicitó a los investigados por presunta corrupción Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo para salvar a sus sobrinos de la cárcel.

Actualmente el procedimiento disciplinario en contra de Meneses Gonzáles se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación y Anticorrupción encabezada por la jueza superior Elizabeth Quispe Mamami.

Los sobrinisimos

En efecto, uno de los primeros golpes a la red del expresidente Pedro Castillo, fue la denuncia fiscal contra sus sobrinos Gianmarco Castillo y Fray Vásquez, por la irregular adjudicación del Puente Tarata III, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Los sobrinos, por haber sido los intermediarios entre Castillo y los otros miembros de la organización, eran una pieza clave que ponía en peligro la estabilidad presidencial. Presumiblemente, por esta razón, el hoy detenido profesor chotano se la jugó el todo por el todo para impedir que fuesen detenidos.  

Según el exasesor del Ministerio de Vivienda y ahora colaborador eficaz, Salatiel Marrufo, Castillo solicitó S/1.5 millones “para hacer pagos a los miembros de la sala superior, quienes iban a resolver el recurso de apelación de prisión preventiva de sus sobrinos”. Versión que también ha corroborado Sada Goray quien en sus declaraciones ha revelado que el ministro de Justicia Félix Chero, antes de jurar recibió el requerimiento del presidente de conseguir dinero para liberar a sus sobrinos.

El monto requerido se habría empezado a cubrir con los 500 mil soles entregados a Marrufo por la empresaria Sada Goray, dueña de MarkaGroup, quien estaba realizando pagos por partes para ganar licitaciones en el Ministerio de Vivienda. Marrufo ha dicho a la Fiscalía que investiga el caso que la entrega de dinero se hizo Cledín Vásquez Castillo, hermano del investigado Fray Vásquez.

El voto en contra de la prisión preventiva

Tras el presunto aporte económico la sala, que integraban los jueces superiores de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Bonifacio Meneses Gonzales, Sonia Bazalar Manrique y César Vásquez Arana, dispuso que se reduzca la orden de prisión preventiva de 36 a 24 meses para Fray Vásquez Castillo –quien también es sobrino del jefe del Estado y primo de Castillo Gómez–, el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén, y los exfuncionarios de Provías Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, todos ellos involucrados en el caso Puente Tarata III.

Además, con los votos de Meneses Gonzales y Bazalar Manrique en mayo de 2022 acordaron variar la orden de 36 meses de prisión preventiva de Gian Marco Castillo Gómez, por comparecencia con restricciones. El magistrado Vásquez Arana votó en contra, considerando que la medida restrictiva debía ser ratificada pero disminuida a 24 meses. No se equivocó, ya que tras la benevolente resolución, a los sobrinos de Pedro Castillo se tragó la tierra.