Una investigación del diario Correo ha destapado adquisiciones que no se ajustan al precio de mercado, estando como proveedoras de las compras las esposas y hermanas de oficiales y suboficiales, estando proscritas de contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 11 (literal f) de la Ley de Contrataciones N° 30225.
Lo más escandaloso de todo esto es que estas contrataciones sobrevaloradas y hasta ficticias se realizaron en plena pandemia, teniendo como beneficiados directos a parientes directos de oficiales y suboficiales en actividad de dicha institución.
Si bien en un inicio la búsqueda de proveedores beneficiados se centró en el año 2020 durante la pandemia, se pudo encontrar que los contratos se han venido registrando de manera sistemática año tras año, para lo cual también llegaron a conformar empresas; registrando, incluso, como domicilio fiscal direcciones donde no se evidencia el giro de algún negocio de bienes o servicios.
De acuerdo a información pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresaria Fanny Milene Privat del Carpio aparece como la proveedora que realizó la mayor facturación durante el 2020 en la Unidad Ejecutora 028 de la II Dirección Territorial de la Policía (Dirtepol), en Chiclayo, con un monto de S/ 695,237.
De acuerdo a sus contratos, la proveedora brindó el “Servicio de concesionario para la prestación de ración orgánica única diaria”, más conocido como “Rancho”, para el personal policial de la II Dirtepol, en donde su esposo, el comandante PNP Adolfo Mauricio Galindo Román, labora como jefe de la División de Unidades Especiales (DUE).
Según lo que indica la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Fanny Privat del Carpio tramitó su RUC como persona natural en noviembre del 2013 bajo el giro de negocio “Suministro de comidas por encargo”. A partir del 2016 pasa a ser proveedora en la II Dirtepol y, desde entonces, facturó montos ascendentes hasta el 2020, habiendo percibido un total de S/ 1′886,065. También, en el 2019, facturó S/ 28,200 a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
Así como la señora Privat del Carpio, se encuentran investigados muchos más parientes relacionados con la PNP, en las que figuran sus negocios, según registros, dedicados a otros rubros como la venta de maquinaria o la venta de infraestructura, o que incluso, realizadas las indagaciones del diario Correo, luego de haber constatado que el local que figura en registros como sede del negocio, solo se pudo apreciar un cartel mas no actividad que demuestre la venta de comida.
Entretanto, en agosto del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a policías y proveedores por la presunta sobrevaloración y adulteración de equipos de protección personal y artículos de limpieza, adquiridos en plena pandemia para el personal policial de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Amazonas.
Entre los implicados aparece la empresaria Giovanna Genoveva Luna Rojas – esposa del comandante PNP Edwar Santillán Hidalgo – que ha logrado ganar millonarios contratos en la Policía, no solo en tiempos de pandemia. De acuerdo al portal de Transparencia del MEF, esta proveedora facturó S/ 5′257,370 en los últimos 15 años; mientras que a través de Inversiones CEAR SAC percibió S/ 2′964,595 entre el 2014 y 2020.
