Escribe Alberto Martorell
Es probable que la situación que ha llevado al Ministro Rogers Valencia a firmar las Resoluciones Ministeriales 008 y 009- 2018/MC que anulan por caducidad los procedimientos sancionadores en el tristemente célebre caso del edifico de la calle Saphi, en el corazón del Cusco, responda a situaciones que provienen de ejercicios anteriores al suyo, y que el expediente no lo haya conocido en detalle anteriormente. Resulta un tanto extraño, no obstante, porque como destacado empresario de turismo ha estado enterado desde los inicios de esta situación. Sin embargo, estamos convencidos que su decisión debió ir necesariamente acompañada de la orden de inicio de nuevos procesos administrativos sancionadores Empero, como sustentaremos en estas líneas, ese no es más que un pico de fiebre de un enfermo que no da luces de recuperación, nos referimos al propio Ministerio de Cultura.
Respecto a las Resoluciones antes mencionadas, el MC explica que son simples trámites administrativos por el transcurso de los plazos. Pero… ¿Quién y cómo ha permitido que los plazos transcurran sin reaccionar (en el mejor de los casos) o con ocultamiento (en el que parece el más posible de los escenarios)? ¿Por qué las Resoluciones no fueron acompañadas de un artículo que ordene el inicio inmediato de los nuevos procesos de sanción? Desde que se dio la nulidad hasta que el Ministerio, evidentemente ante la presión de los expertos y la sociedad, ha reaccionado, se han perdido ya casi dos semanas, tiempo muy valioso, porque, por si el Ministerio no se ha percatado, toda posibilidad de sanción termina en diciembre próximo.
Como decíamos, el tema de estas sanciones abandonadas tantos y tan largos meses por el MC, no es más que un hecho sintomático. Solucionar este caso no soluciona la situación real de caos, desgobierno y falta de respuestas acordes a la problemática que vive. como demuestra el proceso de reorganización en el que se ha declarado la Dirección General de Arqueología, luego de que un caso de irregularidades al más alto nivel fuera puesto en evidencia por Panorama.
Lo concreto es que este caso pone una vez más sobre el tapete las profundas debilidades y los vacíos que siguen surgiendo en el Sector Cultura como resultado del accionar del ente encargado de gestionarlo en nombre de todos los peruanos.
No satisfacen las informaciones sobre los perfectos resultados del Dakar, cuando vemos que se han puesto estacas improvisadas con banderines rojos y cintas de peligro para delimitar los sitios, y antes, y hasta mediante publicidad pagada, se nos había dicho que los organizadores del Dakar habían señalizado todo. Cuando la falta de criterio se da hasta el punto que algunos de los sitios arqueológicos descubiertos en las zonas de posible afectación de la competencia se llaman “Dakar 1” o “Dakar 2”, algo está fallando. Son síntomas de una situación que ya no puede sostenerse más. Es algo que puede sonar poco importante, pero desde el punto de vista científico se han ignorado los criterios de delimitación que permiten el reconocimiento de la filiación cultural o geográfica de cada sitio. A menos que pensemos enseñar a nuestros estudiantes acerca de la “cultura Dakar” en el futuro. Perdón por la ironía, pero hay que decir las cosas.
La falta de políticas, de un sistema que funcione de manera medianamente eficiente, de capacidad de integrar el patrimonio en los procesos de desarrollo, de creatividad en la gestión, de sensibilidad y cercanía a la población, son constantes casi a lo largo de toda la aún breve historia del Ministerio de Cultura y, no podemos negarlo, fueron parte de lo sucedido en el antiguo Instituto Nacional de Cultura muchas veces. No podemos, por lo tanto, atribuirle al actual Ministro de Cultura ser causante de estos problemas en todos sus alcances. En el caso del Dakar, empero, hay que recordar que el MINCETUR bajo la gestión ministerial del propio Rogers Valencia, fue el más activo impulsor del evento. No queremos discutir la conveniencia o no del evento (ya hemos dado nuestra opinión en contra, pero no es momento de tratar ese punto). Lo que hemos exigido es que las cosas se hagan bien. Invocamos al Ministro a informar sobre situaciones reales y concretas, y no sólo un genérico “todo está bien” que no supera dudas válidas sobre la forma en que se gestionó el tema arqueológico y paleontológico en el terreno que formó parte del recorrido.
Lo que sí podemos decir es que, en el mes y medio que lleva en el cargo el nuevo Ministro, ya deberían haber algunas reacciones ante los problemas más álgidos. El más grave de ellos es el caso, al que ya hicimos referencia, de la Dirección General de Arqueología. Fue declarada en reorganización mediante R.M. 490-2018-MC el 25 de noviembre de 2018 por 45 días. Al mismo tiempo se extendió el marco de acción de la Directora de Defensa del Patrimonio Cultural, encargándole esta dirección. No se han presentado resultados de ese proceso de reorganización, pese a que el plazo ha vencido con creces. En esas condiciones, el patrimonio arqueológico está sufriendo una serie de daños irreparables. Esto requiere, sin duda, de una solución adecuada, y muy pronta.
Lo más grave de todo sigue siendo, no obstante lo anterior, la forma irreflexiva en la que se viene aplicando la exigencia de una “declaración provisional” para los casos de bienes culturales no declarados e inclusive de los declarados, pero no delimitados. La lista de sitios víctima de ese sistema nefasto continúa aumentando. Al mismo tiempo se ha tratado de aplicar el sistema en favor de otros sitios. No se entiende que, por más positivo que parezca, el “salvar” por un plazo de un año a algunos sitios, por importantes que puedan puntualmente ser, está condenando a la impunidad y la desprotección jurídica y, en muchos casos, a la destrucción física, a miles de sitios arqueológicos en todo el país. Eso, bajo un régimen inconstitucional y coronado mediante Directivas que carecen de criterio técnico. (La Directiva N° 001 -2018-VMPCIC/MC, “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes muebles que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación” aprobada mediante RVM. 037-2018-VMPCIC/MC; y, la Directiva 003 -2018-VMPCIC/MC, “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación” aprobada por RVM 077-2018-VMPCIC/MC). Ambos documentos, supuestamente técnicos, carecen del nivel mínimo necesario para generar políticas positivas y tienen errores conceptuales y procesales indignos de una institución de nivel ministerial.
Mientras tanto el MC se ha especializado en actuar contra toda lógica, implementando por ejemplo un trámite concreto para la desmonumentalización cuando no tiene uno ni siquiera bien establecido para la declaración de monumentos. A esto se le agrega lo que ya vimos de la inaplicación de la presunción constitucional, generando que los Procesos Administrativos Sancionadores sean anulados, pese a que existan evidencias absolutas del daño al bien arqueológico. Como la reciente destrucción con maquinaria pesada en San Martín de Porres, en plena capital del país.
En esas condiciones es evidente que el Ministro Valencia tendría que desarrollar una capacidad de reflexión, de aceptación de las condiciones negativas que ha heredado, de cambio del personal que ha generado esta situación a lo largo de los últimos, por lo menos, 7 años, de profunda cambio en la forma de gestionar, e inclusive en la forma de concebir el rol público respecto al patrimonio. Pero no vemos que logre avanzar en ese sentido. Y aún no hemos tenido oportunidad de ver la labor del Viceministro Cortés Carcelén, cuyo nombramiento ha generado expectativas positivas que deseamos compartir. Se puede argumentar en favor de la gestión ministerial que aún son muy nuevos en el cargo. Pero la situación no está para periodos de aprendizaje ni afianzamiento. Además, las tendencias cuentan. Y no vemos intencionalidad de afrontar la grave situación de manera suficientemente contundente.
El tema es mayor: ya no se trata del Ministro o su equipo, en el que también podríamos mencionar deficiencias como el hecho de que sus asesores más cercanos carecen de experiencia en temas vinculados ya no con patrimonio, sino con políticas culturales en general. Se trata de que el Gobierno del Presidente Vizcarra, que ha dado serias muestras de querer generar cambios, entienda que el Sector Cultura es fundamental para lograr dichos cambios en temas de tanta trascendencia, como la propia lucha contra la corrupción con la que todos los peruanos de bien nos sentimos comprometidos. Un país sin valores culturales evidenciados en la vida diaria de sus ciudadanos, es un país sin posibilidades de generar alternativas interculturales, inclusivas, de construcción de un futuro común. Ese es el rol que debe cumplir la cultura, y dentro de ello el patrimonio cultural. Hacernos sentir que el proyecto nacional es nuestro proyecto, a cuya construcción debemos contribuir creativamente, en el que debemos creer, y en el que todos los peruanos debemos sentirnos reflejados. Ese camino parece estar aún lejano y las circunstancias exigen respuestas rápidas. Si las puede generar el Ministro Valencia, enhorabuena. Pero una vez más nuestras esperanzas de poder apoyar medidas de cambio profundo como las que se requieren para poder utilizar el poder de la cultura en pro de la nación peruana, siguen siendo confrontadas por una realidad donde la luz no se vislumbra. Las circunstancias nos llevan, una vez más y contra nuestros deseos, a colocarnos en posiciones críticas. Criticar es muchas veces una necesidad, sobre todo cuando las cosas son tan graves que callar es una de las formas mayores de complicidad.
En un entorno democrático transparente y saludable, criticar es una forma de contribuir. Pero para que esto tenga efecto, quienes están a cargo de la gestión deben tener capacidad no sólo de oír, sino de dialogar y construir junto con la sociedad civil. Especialmente en el Sector Cultura, todos los peruanos tenemos derecho a participar activamente en la formulación, generación, gestión y reflexión de las políticas nacionales.Lima, 24 de enero de 2018
