Dosis letal. La menor de 11 años que ingirió pastillas del potente fármaco clonazepam dentro de la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo, ubicado en el distrito de Independencia falleció esta madrugada en el hospital Cayetano Heredia.
Así lo informó el abogado Mario Arribas, quien indicó que la menor, diagnosticada previamente con muerte cerebral, presentaba una hemorragia en la cabeza y lamentablemente no pudo resistir. “Hace media hora me llamó el papá de la niña para informarme que ha fallecido”, sostuvo en declaraciones para TV Perú.
El letrado sostuvo que este caso califica como homicidio culposo, delito que tiene una pena privativa de la libertad de ocho años contra quienes resulten responsables, y se fundamenta en la inobservancia de las reglas de trabajo o profesión ya que no se habría tenido el cuidado correspondiente en ningún momento.
Sostuvo que los padres de familia le han manifestado su deseo de que el colegio sea clausurado porque esta terrible situación puede repetirse con otros escolares.
En comunicación con su representante legal, el padre de la niña manifestó que en el Hospital Cayetano Heredia, donde estuvo internada la escolar desde la tarde del lunes 29 de mayo, le están solicitando una suma de 1600 soles para retirar el cuerpo y puedan seguir con los trámites correspondientes.
“Estamos esperando la orden de la Fiscalía para que hagan el levantamiento del cuerpo de la niña. Estoy yendo a buscar los resultados de los análisis para saber que ingirió”, manifestó el padre de la menor en declaraciones a la prensa.
Colegio estaría ocultando grabaciones, según abogado defensor
El abogado de los padres de la estudiante de 5to grado de primaria manifestó que en torno a la muerte de la menor se manejan una serie de delitos que tendrán que ser investigados en las instancias que corresponden.
Sostuvo que en la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia se habría cometido el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de ocultamiento real. Esto porque las autoridades del plantel habrían modificado los videos de las cámaras de videovigilancia, y exigió que el material audiovisual sea entregado en su totalidad como medio probatorio.
“El fiscal tiene que llevar esto a un juez para un control de legalidad y haya una audiencia. Alguien tiene que ir preso, esto es recurrente”, manifestó.
De otro lado, cuestionó a Victoria Huaylinos Gonzáles, directora de la institución educativa, ya que no le permitió leer los documentos de la investigación preliminar y le entregó un papel con la dirección de la Fiscalía de Familia de Lima Norte para que averigüe por su parte.
Además, sostuvo que un factor determinante en este caso fue la demora en la atención de la escolar. Indicó que en un primer momento fue trasladada a una posta y no fue atendida de inmediato por cuestiones administrativas. “Al no haberla atendido a tiempo, pudo ser salvada con un tratamiento médico”, puntualizó.
En esa línea, señaló que esta situación calificaría como delito de exposición de personas al peligro cuya sanción es de cuatro años de pena privativa de la libertad.
