Las negociaciones entre el gobierno de Mauricio Macri y la CGT (Confederación General del Trabajo, principal fuerza sindical en el país) aún continúan abiertas. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está buscando esta semana cerrar el diálogo y llegar a un acuerdo para enviar, el día lunes de la semana que viene, el proyecto de reforma al Congreso. El apuro tiene una explicación lógica: buscan aprobar esta serie de cambios antes de que asuma su banca Cristina Fernández de Kirchner, ex-presidente y única figura dentro del panorama local que puede llegar a producir una esperable cohesión dentro de las fuerzas opositoras.
Pese a que comenzaron con cierta tibieza, los diálogos entre el gobierno y las fuerzas sindicales ahora están sometidos a una especie de lógica del “tire y afloje”, harto más sana si pensamos que, hace dos semanas, los propios miembros de la CGT “sonreían para la foto” mientras se reunían con los responsables del Ministerio de Trabajo. Y es que la reforma laboral que plantea Macri y compañía tiene mucho que ver con toda esta nueva política de flexibilización laboral prometida de la peor manera, con la condena a la “mafia de los juicios laborales” y el pleno apoyo a los organismos empresariales antes que a los sindicatos.
Los puntos en debate tienen que ver con la creación de nuevas figuras laborales, como las del “trabajador independiente”, el cual puede concentrar todos los gastos sociales de hasta cuatro trabajadores independientes que colaboren en un emprendimiento en una cuota mensual. Otro de los puntos en debate es la creación de un “banco de horas”, en el cual quedará registrada la cantidad de horas extras que un empleado realice y que pueden intercambiarse por una reducción de la jornada laboral. A eso hay que sumarle la creación de un “fondo de cese laboral”, el cual estará determinado por un acuerdo previo y consistirá en la creación de un fondo sin fines de lucro para el pago de indemnizaciones en el caso de despidos sin causa justificada. Desde el momento en que alguien es contratado, el empleador deberá pagar, todos los meses, el dinero correspondiente para la constitución de este fondo.
Finalmente, el punto más polémico se refiere a la capacidad que tiene el empleador para modificar el contrato laboral según su parecer, abriendo así la posibilidad de establecer “cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo”, siempre y cuando esas modificaciones sean razonables y no vayan en contra de otras determinaciones de la legislación laboral.
Lo que tenemos aquí es la más absoluta desregulación del más complejo de los mercados, el laboral. La mercancía empleado, ahora, resulta harto más cosificada, apelando a una obra de mano barata que reduciría la inflación drásticamente, pero también empeoraría las condiciones laborales y de vida de la mayoría de la población. Podemos esperar más cosas como estas por parte del macrismo, que arremete con todo contra derechos sociales básicos, apela a la idea del “merecimiento” y arma convenios laborales que, digámoslo, no nos convienen.
