No al lobby de las ‘energías renovables’

Sin duda, la discusión del ingreso masivo de las ‘energías renovables’ (RER) al sistema eléctrico nacional, prácticamente se ha convertido en un “caballito de batalla” para algunos sectores empresariales, y en especial, para algunos “operadores” que a través del lobby han emprendido una campaña publicitaria para difundir las bondades de esta tecnología. Entre tanto, el Parlamento a través de la Comisión de Energía y Minas continúa aguardando el dictamen del Proyecto de Ley 4565/2022-PE, con el fin de aprobarse a como dé lugar, en cualquier momento. Y en caso de que llegue al pleno y obtenga los votos necesarios para su aprobación, no cabe duda que las tarifas eléctricas se encarecerán más de lo que actualmente afrontamos cientos de miles de usuarios que hasta la fecha hemos asumido el costo y mediante los recibos de luz, ya hemos pagado US$1700 millones durante la última década, para cubrir un subsidio a las renovables (RER).

En tanto, surge la pregunta, ¿A quién benefició este subsidio? Asimismo, el reemplazo del 40% en la capacidad de generación eléctrica a gas natural, por las ‘energías renovables’, apenas reducirían la emisión de gases de efecto invernadero en un 2%. Este impacto costaría más de US$5 mil millones. ¿Y quiénes pagarían eso? nuevamente sería asumido por nosotros, los usuarios.

No obstante, la aprobación de esta norma no solo aumentará los costos, sino, que también desplazaría al gas natural – una fuente de energía limpia y confiable – de la matriz energética, en favor de fuentes más “intermitentes”; tomando en cuenta, que nuestro sistema eléctrico no está listo para controlar la intermitencia de las ‘energías renovables’ (RER). De acuerdo al estudio realizado por las consultoras Gerens y Laub & Quijandría Energy Group (LQG), si las RER alcanzan un 30% de participación en la matriz energética del país, estos “costos sombra” tendrían que ser trasladados a las tarifas eléctricas que pagan todos los usuarios a nivel nacional; un aspecto que no ha sido considerado en el análisis de la propuesta de ley.

En lugar de apresurarse, en la Comisión de Energía y Minas, deben continuar convocando a más expertos, más allá de los parcializados exviceministros Pedro Gamio y Jaime Luyo Kuong, para que se evalúe con objetividad e imparcialidad, cuáles son la ventajas y desventajas de este cambio de fuente energética. Y por qué no, sincerar el discurso y plantear ¿Cuál es el interés verdadero? ¿Realmente se busca beneficiar a millones de usuarios? o ¿se pretende favorecer a un grupito de empresas distribuidoras?  En tal sentido, ¿Cómo se pretende adjudicar las energías RER con menores ofertas en los bloques horarios? cuando se supone que se debe considerar la oferta menor para el uso de las energías durante las 24 horas del día, para así no perjudicar a los usuarios residenciales.

Por otro lado, no cabe duda que la energía solar es limpia y se ha convertido en el paradigma mundial que ha involucrado a que cientos de países las implementen en sus sistemas de generaciones energéticas; sin embargo, ésta cuenta con una gran limitación, que es su intermitencia. Eso significa que únicamente durante el día podría producir electricidad, por lo tanto, no podría cubrir la demanda nocturna, a pesar de que se busque implementar mega-infraestructuras solares. Entonces, aún no se podría prescindir del diésel que será necesario para las noches con el fin de mantener el debido nivel de carga estable; no obstante, los precios de generación nocturna sin duda aumentarían, como es el caso de Chile, que si bien maneja gran despliegue de energía solar, durante las noches recurren al gas importado y al diésel para poder mantener y cubrir la demanda requerida.

Sin duda, cualquier ciudadano civilizado está de acuerdo con las políticas para reducir las emisiones de carbono; sin embargo, se requiere agentes sociales, políticos y técnicos responsables, imparciales y en especial probos, con el único objetivo que impulsen una real política energética que garantice, no solo el acceso, sino, la seguridad y en especial el bienestar de los millones de usuarios que solo buscamos que haya equidad y buen manejo gubernamental en beneficio de todos, y no de un reducido grupo de consorcios que únicamente cautelan sus fines crematísticos.