Nadie la quiere, todo el país la detesta, nadie aprueba su gestión, entonces, ¿Por qué se mantiene en el poder? o ¿Quién o quienes la mantienen en el poder?

Por Jorge Paredes Terry

Con un 2% de aprobación, la cifra más baja registrada en cualquier democracia del mundo y un rechazo que roza el 90%, Dina Boluarte debería ser un cadáver político. Las calles corean «¡Dina traidora, corrupta y asesina!», la Fiscalía la acusa de ser penalmente responsable por la muerte de 49 manifestantes, y su hermano Nicanor y su exaliado Vladimir Cerrón huyen de la justicia. Sin embargo, como un espectro institucional, sigue ocupando Palacio de Gobierno. El enigma peruano tiene respuesta en una ingeniería del poder que convierte debilidades en armas y transforma el miedo ciudadano en cemento para sus cimientos podridos.

Su primera trinchera es el Congreso, donde una alianza tácita con la derecha y ultraderecha (Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de Rafael López Aliaga) y Alianza para el Progreso de César Acuña, funciona como blindaje vital. Estos grupos, que controlan el Congreso y las comisiones clave, han archivado sistemáticamente las 34 denuncias constitucionales contra ella por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de 2022-2023. La ecuación es perversa: para los congresistas, aprobados por apenas el 4% de los peruanos, Boluarte es «una piñata» útil. Mantenerla en el poder les permite negociar ministerios, impulsar agendas contra las ONG y evitar elecciones anticipadas que los dejarían sin curul. Keiko Fujimori, según encuestas, ejerce la mayor influencia política sobre el gobierno (37%), seguida por el fugado Vladimir Cerrón (27%), demostrando que el Ejecutivo es un títere de intereses opuestos pero coincidentes en la supervivencia.

Pero el verdadero mecanismo de control es más siniestro: el terror como anestesia social. Mientras el país sufre 1.909 extorsiones mensuales y los homicidios aumentan 34%, los medios, especialmente la televisión, saturan sus pantallas con sicariatos, balaceras y secuestros. Esta cobertura, que consume el 47% del tiempo en noticieros (frente al 18% en 2021), no es periodismo: es un amplificador involuntario de la estrategia gubernamental. El cálculo es maquiavélico: un ciudadano aterrorizado por la delincuencia no protestará aunque no tenga agua, trabajo o justicia. Los números lo confirman: el 62% de los peruanos evita salir de noche por miedo, el 48% renuncia a marchar por «temor a la criminalidad», y las movilizaciones antigobierno cayeron 76% en 2025. Boluarte no necesita comprar medios (aunque invierte S/287 millones en pauta oficial): el rating de la sangre le regala la parálisis social que necesita.

Esta cortina de humo le permite operar en la sombra. Mientras anuncia laboratorios balísticos y «guerras contra el crimen», su gobierno ha triplicado el presupuesto para control social: el programa «Disminución de conflictos sociales» recibió S/1.125 millones en 2025, cinco veces más que en 2019, fondos que financian equipamiento militar para reprimir, no para proteger. Simultáneamente, militariza el lenguaje: declara estados de emergencia, llama «traidores» a los críticos y acusa a la prensa de «terrorismo de imagen» cuando revelan sus joyas y Rolex o su rinoplastia con dinero público. El silencio es su otra arma: 200 días sin responder preguntas de periodistas, rompiendo récords de opacidad en democracia. Cuando habla, es para culpar a «fake news» o invocar conspiraciones: acusó a la Fiscalía y la prensa de planear un «golpe de estado blanco», el ataque más grave a la libertad de expresión desde que asumió.

Detrás de todo, sostienen el régimen tres poderes fácticos: los grandes empresarios (79% de peruanos cree que influyen «mucho» en su gobierno), las Fuerzas Armadas (56%) y el capital transnacional. Boluarte los atiende en foros, donde promete «apostar por el libre mercado» y ofrece el país como «hub de inversiones mineras». Mientras, recorta impuestos a conglomerados mediáticos y entrega megaproyectos a multinacionales. Esta alianza perversa explica por qué, pese al colapso social (22 niños muertos por desnutrición en Puno, hospitales sin insumos), la economía crece al 3.9%. Para las élites, es suficiente: prefieren una administración impopular pero dócil, antes que un cambio que afecte sus privilegios.

¿Hasta cuándo? El círculo de hierro se resquebraja. La Corte Penal Internacional investiga a Boluarte por crímenes de lesa humanidad, EE.UU. retiró fondos de USAID. Su única esperanza es llegar a julio de 2025, cuando el Congreso no podrá disolverse si la vaca. Pero ni siquiera sus aliados creen en ella: la llaman «presidenta interina» en los pasillos del Congreso. El régimen se sostiene no por fortaleza, sino porque nadie ni la oposición fragmentada, ni los empresarios, ni una ciudadanía aterrada ha encontrado cómo romper el hechizo de este cadáver político que sigue caminando, mientras nuestra patria se desangra.