Motociclistas, una tribu con impunidad sobre ruedas

¿Qué daño ha cometido la ciudad para merecer semejante castigo? En el Perú, particularmente en Lima Metropolitana y el Callao, las calles se han convertido en territorio hostil: asfalto tomado por una tribu urbana que no responde a normas, ni reconoce autoridades. Son los motociclistas —una fauna cada vez más incontrolable— que circulan como si la ley fuera una sugerencia decorativa, desafiando a diario la seguridad ciudadana con una mezcla de temeridad, pedantería, informalidad e impunidad.

Cualquiera que haya caminado o conducido por Lima lo ha vivido: motos zigzagueando imprudentemente entre vehículos detenidos, invadiendo carriles, subiendo a veredas con total impunidad, ignorando los semáforos como si se tratara de simples adornos urbanos; sin respetar los límites de velocidad, ni las señalizaciones, ni el adecuado uso de luces, yendo muchas veces en sentido contrario. No es una exageración: es la cotidianidad. Una jungla sin reglas donde la motocicleta ya no es símbolo de eficiencia, sino de anarquía y peligro sobre ruedas.

Ante el creciente hartazgo ciudadano y la desesperación por el avance de la delincuencia motorizada, el Gobierno de Dina Boluarte —tras meses de silencio e inacción— emitió el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM. La norma, en efecto hasta el 16 de mayo del 2025 y con posibilidad de prórroga, prohíbe el traslado de acompañantes en motocicletas lineales en Lima y Callao, así como el uso de pasamontañas, y obliga a los repartidores a inscribirse en un registro oficial. Además, prohíbe el uso de cajuelas en la espalda, una medida orientada a identificar con mayor facilidad a los delincuentes que se escudan en el uniforme del delivery para delinquir.

¿La reacción? Predecible. Los gremios de moteros estallaron en redes sociales, en los micrófonos de los programas periodísticos y hasta en comunicados indignados. Se rasgan las vestiduras alegando su “clásico libreto” que tiene que ver con la violación de sus derechos fundamentales: el libre tránsito, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley. Todos tienen el mismo guion aprendido: que son padres de familia, estudiantes, trabajadores esforzados. Que llevan a sus esposas al trabajo, a sus hijos al colegio. Que no son delincuentes, sino ciudadanos de bien.

Nadie discute lo anteriormente mencionado. El punto no es ese. El problema es la masa crítica de motorizados que cree que las calles fueron construidas exclusivamente para ellos. Una tribu de anarquistas que actúa como si las reglas del tránsito no les aplicaran, y que, en la práctica, impone un modelo de movilidad basado en la ley del más vivo, el más fuerte y del más rápido.

Una epidemia en las calles llamada ‘motos’

La realidad es más cruda de lo que los defensores de las motos quieren aceptar: los motorizados, en muchos casos, son peores que los propios delincuentes que andan armados. Porque son más numerosos, más frecuentes, más visibles y más inacabables. Son los que invaden veredas a toda velocidad, los que no respetan semáforos, los que zigzaguean entre autos a centímetros de provocar una tragedia, los que se pasan en rojo sin mirar, sin frenar, sin pensar. Muchos no portan placas, no tienen licencia, no usan casco, no cuentan con SOAT y violan la ley con total desparpajo, seguros de que no serán sancionados.

En la práctica, han secuestrado el espacio urbano. Lima les pertenece. Las pistas son suyas. El caos que antes se atribuía exclusivamente a las combis piratas y a los taxistas informales ahora tiene un nuevo protagonista: el motociclista urbano, que ha hecho del desorden y el caos un estilo de vida; y del irrespeto una “ideología”. Es decir, se han convertido en toda una fauna de desadaptados que le hacen daño a la sociedad, porque tienen cero educación, cero conciencia, cero respeto y cero empatías.  

Y si esto no fuera suficiente, está el rostro más oscuro del problema: el crimen organizado sobre dos ruedas. Sicarios, raqueteros y extorsionadores se mueven cómodamente en motocicletas, muchas veces sin placa o con una placa robada, y escapan por calles sin control. La moto se ha convertido en el vehículo predilecto de la delincuencia urbana, y sin embargo, los gremios y asociaciones de motociclistas lo minimizan y le dan la espalda al problema. Se victimizan, se defienden, y lanzan un argumento tan falaz como peligroso: “como nosotros no somos delincuentes, no deben restringirnos”.

Ese inmoral argumento olvida un detalle clave: vivimos una emergencia. Y cuando la inseguridad afecta la vida de miles de personas, se requieren medidas excepcionales. ¿Es una solución perfecta prohibir los acompañantes? No. ¿Es suficiente? Tampoco. Pero es un paso. Uno que apunta a cortar, aunque sea parcialmente, la facilidad con que se cometen delitos desde una moto lineal.

El verdadero problema es estructural: un Estado ausente. Durante años, las autoridades permitieron que las motocicletas invadan las calles sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin regulación. La informalidad se volvió norma, y hoy vemos las consecuencias. No existen operativos permanentes, no se exige el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, y las sanciones no se aplican con rigor. ¿Cuántos motociclistas infractores han terminado con la moto en el depósito? ¿Cuántos han perdido la licencia —si la tenían— por infracciones reiteradas?

Perú tierra de nadie

El país se ha convertido en tierra de nadie. Y los motociclistas han encontrado en esta debilidad gubernamental e institucional el terreno fértil para expandirse. Como si no fuera suficiente con la impunidad del tránsito, ahora también gozan de impunidad mediática: cada vez que se intenta regularlos, inmediatamente se agrupan y realizan un espíritu de cuerpo ilegitimo, gritan censura, discriminación y abuso de autoridad; cuando en el fondo, el motociclismo en nuestro país es sinónimo de peligro común, perturbación, temeridad, incultura e impunidad. Gracias a estos anarquistas urbanos de dos ruedas el número de siniestros viales es alarmante.

La respuesta del gobierno es tardía e insuficiente. El decreto de restricción puede ayudar a mitigar temporalmente el caos, pero no sustituye una política integral. Se necesita una reforma seria: educación vial desde las escuelas, control estricto del parque automotor, policías capacitados y suficientes para realizar operativos en todas las zonas críticas, y una alianza con gobiernos locales para fiscalizar y controlar el espacio urbano.

Y, sobre todo, se necesita un cambio cultural. Un mensaje claro desde el Estado de que las calles no son territorio libre para tribus motorizadas sin ley. Que el respeto por el otro es mucho más importante que la velocidad y la adrenalina. Que el derecho a circular libremente no puede estar por encima del derecho a vivir con seguridad.

Hasta entonces, la ciudad seguirá siendo rehén de los anarquistas con motor y peor aún, será testigo de las incidencias de esta horda de motos lineales que actualmente ha convertido a las calles en una jungla de animales sin control.