Motociclistas rechazan propuesta de Defensoría que busca restringir su circulación
Tras la propuesta de la Defensoría del Pueblo que quiere que las motos lineales no salgan de 6 p.m. hasta las 6 a.m. el vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes, rechaza la restricción horaria y le responde: «La gente no trabaja solo hasta las 5 p.m.»
El vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes Quiñones, rechazó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir la circulación de motos entre las 6 p.m. y las 6 a.m. como medida para reducir la ola criminal y el sicariato. En ese sentido, refirió para Exitosa que la Defensoría está «promoviendo» que se vulnere el derecho al libre tránsito de «personas de bien».
«La Defensoría del Pueblo está promoviendo que se vulnere el derecho al libre tránsito de personas de bien, de personas que van a trabajar. Las personas no trabajan hasta las 5 de la tarde. Muchas personas viven lejos de su zona de trabajo y no podrán usar su moto porque el defensor del Pueblo tiene la primacía de la realidad muy alejada de la que vivimos», aseveró Montes Quiñones. Asimismo, indicó que en Colombia se adoptaron medidas similares, pero que no funcionaron para disminuir la criminalidad.
Comunicado de Defensoría del Pueblo que restringe el uso de motocicletas.
«La delincuencia está campando a sus anchas a nivel nacional. No negamos que deben tomarse medidas drásticas para reducir la delincuencia, pero que sean efectivas. Hemos mostrado informes y estudios de lugares donde también se ha ejecutado esta medida, como Colombia, que señalan que esta disposición no funciona», sostuvo.
Afirma que restricción afectará a más de 3 millones de moteros
Por otro lado, David Montes continuaba arremetiendo contra la Defensoría del Pueblo y advirtió que la propuesta de la Defensoría de restringir la circulación de motos lineales por una franja de 12 horas, afectará a cerca de 3.5 millones de personas a nivel nacional.
Comunicado de la Asociación de Motociclistas del Perú en su red social.
«Estamos hablando de afectar a cerca de 2 millones de personas en Lima o 3.5 millones de personas a nivel nacional por un impacto que ni siquiera está propuesto. En esta propuesta, ni siquiera se menciona cuál podría ser el resultado beneficioso para la seguridad ciudadana», concluyó.