El Congreso de la República no llegó a alcanzar los votos para inhabilitar por 10 años en el ejercicio de cargos públicos, al exencargado de Palacio de Gobierno, el morado Francisco Sagasti, quien se resistió a asistir al Pleno parlamentario del miércoles 30 de abril para evitar presenciar su ajusticiamiento político, por haber infringido la Constitución, por abuso de autoridad y nombramiento indebido, al haber ordenado el pase al retiro de 19 altos oficiales de la PNP, durante las protestas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y tras la renuncia del breve presidente interino Manuel Merino. Aunque sí aprobaron su acusación constitucional que será derivada a la Fiscalía.
Sin embargo, de la misma manera que en julio del 2021 envió una misiva exigiendo una pensión vitalicia, solo por haber ocupado Palacio de Gobierno durante ocho meses, el admirador del terrorista Cerpa Cartolini, también envió un documento al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, pidiendo que se abstengan de acusarlo constitucionalmente, afirmando que su conducta arbitraria y abusiva fue licita bajo todo concepto: “Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, advirtió el exmorado Sagasti, quien solicitó el archivo definitivo de su acusación, por haber aplicado una medida desde su perspectiva, proporcional, legal y necesaria.
Sagasti sostenía que, de los altos oficiales que ordenó despedir, catorce estaban involucrados directamente en las operaciones que culminaron en muertes en noviembre del 2020. “La medida no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de un análisis riguroso y técnico dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el exencargado de Palacio; pero evitó mencionar que se habría asegurado la designación de un oficial afín a su entorno, como fue el general PNP, César Cervantes, en el cargo de Comandante General de la Policía.
Asimismo, argumentó que la sanción no tiene que ver con enriquecimiento ilícito, ni una traición a la patria, sino a una decisión ejecutiva legítima y sujeta a control posterior. “El Congreso puede discrepar con una decisión de política pública, pero no puede pretender que toda divergencia sea una infracción constitucional”, remarcó Sagasti, quien también advirtió que la acusación contra él se ha convertido en un peligroso precedente de inseguridad para futuros presidentes.
Pese a sus argumentos falaces, Sagasti siempre demostró que es el enemigo público de los peruanos, porque desde el breve gobierno morado que ostentó entre 2020-2021 siempre firmó con rapidez las leyes de “género” y rechazó leyes como las devoluciones de la ONP, AFP, CTS, Fonavi, y Ley de usura, todas observadas por su encargatura presidencial, e incluso, con recurrencia al TC para derogarlas.
Y pese, a que durante la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996; a los dos días, antes de ser liberado y abandonar la embajada, Sagasti cuenta con orgullo que le pidió un autógrafo al cabecilla del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, y también a su lugarteniente el terrorista Rolly Rojas ‘el árabe’, y en lugar de bajar la cerviz, continúa asumiendo una actitud pedante, que lo caracterizó desde que se acomodó en varios gobiernos de turno. En especial, porque las bancadas de izquierda lo blindaron y votaron a favor de su impunidad y contra una inhabilitación que no se dio y que pudo lograr que no ostente cargo público hasta los 91 años.
