Gil Shavit ha vuelto a las primeras planas luego de protagonizar, en el mes de abril de este año, uno de los escándalos más sonados en relación al caso Odebrecht. Lo más relevante no es que gracias a sus declaraciones se haya incriminado a un personaje tan poco fiable como Félix Moreno sino que por primera vez se vinculó, de modo fehaciente, al mundo del arte y la cultura con la corrupción y el ejercicio del poder en el más alto nivel.
Todo surgió en razón de la construcción de la Costanera Costa Verde -valorizada en 313 millones de soles-, obra por la que Moreno y Shavit, presuntamente, recibieron, de parte de la constructora brasileña, la suma de 4 millones de dólares, 2.4 millones para el gobernador regional del Callao y 1.6 millones para el principal inversionista del Proyecto Fugaz y dueño, entre otros inmuebles, de la famosa Casa Roland. Indudablemente, este dinero fue, presuntamente, entregado con la finalidad de otorgar a Odebrecht la adjudicación de la obra pública, tal cual ha sido el modus operandi de la corrupta empresa brasileña durante décadas.
Según nos fue referido, hace una semana, en Los Lunes de Crítica, evento al que fueron invitados varios personajes vinculados al Proyecto Fugaz en la actualidad como Sonia Cunliffe o Leyla May, este proyecto no tiene nada que ver con Odebrecht porque la inversión dada por Shavit correspondería a un período muy anterior al episodio odebrechtiano. Como señalamos, en ese momento, eso no tiene la menor relevancia porque el problema es que la titularidad de Shavit implica un turbio horizonte sobre la ética de la gestión en sí.
En este punto, es dable señalar que supeditarnos absolutamente al derecho en términos de sanciones es un gesto excesivamente positivista y, sobre todo, es un acto de un cinismo gigantesco porque el derecho no siempre, o casi nunca, representa la materialización de la justicia. De hecho, en un sistema como el nuestro debemos luchar el doble o el triple para que el derecho y la aplicación de las leyes sean correspondientes a los fines que implica un recto ejercicio de este alto valor tan olvidado por los operadores jurídicos.
Desde que fue imputado, Gil Shavit, haciendo uso de su derecho a la defensa, presentó diversos documentos a fin de hallar una salida formal que lo libre de algunos de los delitos por los que se le juzga. En este sentido, presentó una excepción de improcedencia de acción en torno al delito de lavado de activos- recuérdese que, además, se le procesa por tráfico de influencias y otros, y añádase que varias empresas nominadas como Fugaz han comprado inmuebles en El Callao por valor de varios millones de dólares, detalle muy importante y que sugiere una serie de elementos que ameritarán un texto independiente. Esta excepción lo que busca, en términos generales, es impedir el juzgamiento del imputado ya que al ser fundada establecerá que los hechos imputados no configuran un delito o que no son sancionables en la vía penal.
En primera instancia, dicha excepción, fue aceptada por el juez que vio la causa y fue, convenientemente, apelada por la Fiscalía pertinente- la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.
El día viernes, 17-11-17, la Sala Nacional de Apelaciones, revocó la sentencia de la referencia y, en consecuencia, dispuso que Gil Shavit siga siendo procesado por el delito de lavado de activos. Cabe señalar, que el fundamento de la excepción propuesta por Shavit era que el dinero sí se hallaba depositado en una cuenta suya pero como no lo había usado, no se había completado el tipo del lavado de activos, una consideración medianamente formal pero del todo absurda para los fines del caso en cuestión.
Ahora que se ha desestimado la excepción de improcedencia de acción es lícito preguntarnos ¿Qué será del Proyecto Fugaz?, ¿Es posible que se sigan lavando la cara cuando todo su entorno está tan recubierto de lodo?
Si algo nos ha demostrado el caso Odebrecht es el alto grado de corrupción que yace en los medios de poder y en el medio político peruano-latinoamericano. Si algo nos ha demostrado Gil Shavit y el caso Costanera Costa Verde, pese al principio de presunción de inocencia y otros, es que el medio artístico-cultural no está libre de verse implicado en equívocos tan graves como la corrupción y el uso indebido del poder.
La única realidad posible, en torno a lo expuesto, es un absoluto descrédito de todo el entorno. En este sentido, si estos individuos van a presentarse como «puros» es necesario que esclarezcan la actual relación de Gil Shavit con el Proyecto Fugaz, a fin de que no se confundan los lobos con las ovejas.
