Monopolio eléctrico chino: preocupación por venta de Enel porque usuarios pagarían futuras tarifas elevadas

¡Peligro para los usuarios! Ante una probable concentración del 100% del mercado eléctrico de Lima, en manos de empresas estatales chinas, lo más seguro es que las tarifas eléctricas se eleven, debido a un monopolio que manejará el total del mercado en la energía eléctrica local. 

La preocupación surge porque el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) autorizó la adquisición de Enel Distribución Perú y Enel X Perú por parte de China Southern Power Grid International (CSGI HK), una firma de capital chino estatal controlada por el gobierno de Xi Jinping.

La aprobación de la transacción valorizada en US$2.900 millones de dólares, coadyuva a una “organizada” expansión de las inversiones chinas en el sector eléctrico peruano, así como en otros rubros, orquestados desde gobiernos anteriores, con la venia de PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo. Y sin duda, implicará el dominio absoluto por parte de China, sobre la energía en toda Lima y más de 65% en el país.

En Lima, Enel maneja el 54% de la electricidad, mientras que el 46% restante es manejado por Luz del Sur, firma que fue adquirida en 2019 por la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTG).

La empresa asiática CSGI HK deberá seguir ciertas condiciones para garantizar la competencia justa y equitativa en el sector.

¿Cuál es el sorprendente argumento de Indecopi?

De acuerdo a Indecopi, estas medidas buscan evitar que las tarifas del servicio público de electricidad de dichos usuarios se incrementen a futuro, producto de una menor competencia.

SNI exhorta a las autoridades mediante ‘alerta’ y pide publicar resolución de venta de Enel

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ha lanzado su alerta ante esta transacción y vuelve a expresar su preocupación por la concentración en la distribución de energía eléctrica en Lima y pidió al Indecopi, dada la complejidad de la operación, que publique en la “brevedad posible” la resolución que autorización dicha adquisición.

“En abril del año pasado, frente al anuncio de la adquisición de Enel Distribución Perú S.A.A. y Enel X Perú S.A.C. por parte de China Southern Power Grid International, desde la Sociedad Nacional de Industrias expresamos públicamente nuestra preocupación, ya que dicha operación representaría una concentración del 100% del mercado eléctrico de Lima en manos de empresas distribuidoras de propiedad del Estado chino”, indicó en su comunicado.

La SNI indica que, en el análisis realizado, el Indecopi haya considerado todas las implicancias, riesgos, y potenciales restricciones a la libre competencia como consecuencia de la autorización de la adquisición en mención.

Comunicado N° 003-2024 de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Exhortamos a las autoridades competentes a ejercer una estricta vigilancia de las condiciones establecidas para a la autorización, así como del comportamiento de las empresas en el mercado luego de la adquisición, a fin de evitar perjuicios a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica en Lima.  

Siendo la energía eléctrica un bien indispensable para el bienestar de los peruanos y el desarrollo productivo del país, esperamos que las autoridades actúen a la altura de las circunstancias en defensa de los intereses nacionales”, se lee en el Comunicado de la SNI.

Las tarifas eléctricas sobre los usuarios son fijadas por el Estado, a través del Osinergmin.

Rafael Laca, especialista en Energía, indicó que la operación de venta de Enel resulta ser un monopolio natural debido a que la determinación de las tarifas eléctricas sobre los usuarios lo fija el propio Estado a través del Osinergmin. Sin embargo, hace énfasis en posibles riesgos frente al caso de un organismo regulador “débil”, señaló en entrevista a Infobae.

“Toda la compra de energía está regulada. Cuando estas distribuidoras compran energía se rigen bajo el procedimiento de la ley de licitaciones públicas. Supongamos que en esta licitación hubiera concentración por el grupo chino, para eso está el propio Estado”, expresó.

Laca también mostró su preocupación, porque, al ser un conglomerado o un inversionista mucho más grande, como ha sucedido en el país desde el año 1993, “las instituciones del Estado no están lo suficientemente a la altura para fiscalizar”.

“De hecho, no lo han estado haciendo en muchos casos, llámese Osiptel cuando los directores negociaban con Telefónica algunas tarifas, o el derrame de petróleo, por ejemplo, ¿hay alguien detenido? Han habido casos en Osinergmin, cuando inversionistas chilenos en un mismo caso, se dieron el lujo de enjuiciar al Estado por una aplicación tarifaria”, concluyó el abogado.