Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Tal sería el refrán que encaje perfectamente lo que viene sucediente en distintos centros penitenciarios, donde se suscitarían presuntos actos de corrupción tanto en los efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como de los mismos reos.
Ante ese secreto a voces el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) oficializó este martes la creación de un grupo de trabajo que se encargará de proponer reformas que ayuden a la reestructuración interna y fortalecimiento del INPE.
Según consta en la Resolución Ministerial N° 0230-2023-JUS, la comisión estará liderada por Walther Iberos, viceministro de Justicia; un representante del despacho del ministro Daniel Maurate, Javier Llaque; titular del INPE, y una serie de funcionarios de la cartera como los directores de Asuntos Criminológicos, Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, Oficina de Integridad y Lucha contra la corrupción.
Además, representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y del Comité Internacional de la Cruz Roja estarán en calidad de observadores.
Todos estos funcionarios tendrán 60 días de trabajo que será contado desde su instalación. Sin embargo, tendrán la posibilidad de una prórroga por 30 días.
“El grupo de trabajo deberá reportar al despacho ministerial, cada quince días calendario, los avances que evidencien el cumplimiento de sus funciones, entregando con prioridad aquellas propuestas que requieran una implementación preeminente, sin perjuicio de la consolidación de las mismas en un informe final al concluir su vigencia”, señala la resolución.
Se menciona también que podrán invitar a representantes de otras instituciones públicas y privadas, así como a profesionales especializados.
Prisiones del país, las ‘universidades’ de los delincuentes
Como es público, la decisión del Minjus se da tras la difusión de un reportaje del programa Panorama, donde se mostró que agentes penitenciarios del INPE estarían recibiendo coimas de los internos del penal Sarita Colonia del Callao para que les dejen drogarse o extorsionar a otros reclusos.
Debido a la gravedad de este escándalo, el ministro Maurate señaló que existen muchos problemas entorno al INPE en los últimos años.
“El INPE tiene problemas complejos por todos lados, y lo que la población está esperando son resultados. Si bien hemos alcanzado una serie de diagnósticos, debemos evolucionar a la solución… Tienen que convocarse en este procedimiento de reestructuración a funcionarios y técnicos muy especializados para ver cómo resolvemos”, señaló.
El titular de la cartera de Justicia enumeró que los problemas de la institución están en el ingreso y salida de funcionarios del INPE, el régimen de visitas, los escáneres que no están funcionando, hacinamiento y proyectos de cárceles “totalmente trabados”.
“Tenemos en Ica un mega penal que lo hemos encontrado trabado y estamos avanzando la conversación con Unops para que lo puedan terminar. Tenemos también una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para que en el 2025 podamos avanzar en disminuir el hacinamiento carcelario en el país. Es decir, hay una serie de temas complejos que debemos abordar con seriedad y mostrar a la población los resultados”, acotó.