Desconozco mayormente. El ministro Huerta confesó ayer que su despacho no tenía conocimiento de la situación, lo que significaría un grave síntoma de desconcierto dentro de una institución crucial en el Estado, pues estamos hablando nada menos que la seguridad de todo un país.
“De manera incógnita, con desconocimiento de mi despacho y sin autorización, se ha producido esta resolución”, dijo desde Tumbes.
En declaraciones a Canal N, señaló que ya ha pedido un informe al viceministro de Orden Interino a fin de establecer responsabilidades en el caso.
“El señor Colchado va a continuar con sus labores normalmente”, aclaró.
“El Gobierno está fortaleciendo los trabajos y el apoyo a las fiscalías anticorrupción y va a continuar con el trabajo”, agregó el ministro.
Precisamente, durante la madrugada de ayer, su cartera emitió un pronunciamiento en el que explican que de acuerdo al numeral 2 del artículo 28 del Decreto Legislativo 1149, Ley de carreta y situación del personal de la Policía, “las asignaciones del cargo para oficiales superiores se aprueban a través de una reunión ministerial”.
Por lo tanto, el Ministerio del Interior no autorizó la emisión del memorándum, pues contraviene las disposiciones de la actual gestión de respaldar y brindar el apoyo necesario al equipo especial.
Para Luis Naldos, abogado del coronel PNP Harvey Colchado, la situación que le ocurrió a su patrocinado es muy extraña.
“Lo que hemos visto anoche es algo bastante insólito, que en horas de la tarde se le pretende relevar y con un comunicado en la madrugada esto se revierte”, reclamó.
En declaraciones a la prensa, el letrado consideró que existen dos posibilidades para explicar lo ocurrido.
Lo primero es que el ministro Huerta está muy desinformado y cualquiera en su cartera puede tomar una decisión sin que él se entere.
Mientras que la otra opción es que el Mininter haya retrocedido tras el impacto de la noticia.
“Hubo rechazo de la Fiscalía, de la Defensoría y de la opinión pública, lo que causó un retroceso”, especuló.
Su declaración se sustenta en que una vez que se conoció la decisión de remover al coronel Colchado, las instituciones se pronunciaron de inmediato.
Por ejemplo, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, calificó el hecho como una grave conducta obstruccionista de parte del Ministerio del Interior.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la decisión de cambiar al coronel Colchado, pues esto pondría en riesgo la reserva de las investigaciones así como la disponibilidad de recursos del equipo especial de la Fiscalía para cumplir sus funciones.
“Esta decisión debilita las acciones de investigación contra la corrupción por parte de la Fiscalía, además de afectar la institucionalidad del sector, pues se coloca al mando de la División de Búsqueda de Personas a un comandante por encima de coroneles”, dijo.
A esto se le sumaron una avalancha de críticas de parte de la opinión pública.