Ministra Leslie Urteaga reconoce fallas en selección de proveedores del programa Wasi Mikuna

Por Leonardo Serrano Zapata

Tras la presentación de la moción de interpelación con la firma de 20 congresistas, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, deberá responder un pliego de 14 preguntas relacionadas con el caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, tras la intoxicación de escolares en diferentes Instituciones Educativas del país, especialmente por lo ocurrido en Piura, que como reconoció la ministra, causó «una intoxicación de 100 niños».

En una entrevista para Latina Noticias esta mañana, que ha dejado más preguntas que respuestas, la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha anunciado que el programa «Wasi Mikuna» (anteriormente conocido como Qali Warma) cambiará nuevamente de nombre, como si un simple cambio de denominación pudiera solucionar los graves problemas estructurales que han desembocado en recientes casos de intoxicación masiva de escolares en distintas regiones del país.

La ministra afirmó que «los malos proveedores cambian de nombre y luego vuelven a ser proveedores», una declaración que tácitamente reconoce fallas graves en los mecanismos de selección y supervisión del programa. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿Quiénes permiten que nuevas razones sociales sean proveedores sin experiencia de postor?

Según el procedimiento de Registro de Participantes del Proceso de Compras del PNAEQW, Versión N° 01, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000581-2024-MIDIS/PNAEQW-DE, todo proveedor debe «Presentar información contable y financiera, así como acreditar experiencia en los últimos tres ejercicios fiscales (puede ser de uno, dos o tres años, en el referido periodo) en producción y/o elaboración y/o almacenamiento y/o distribución y/o comercialización y/o venta de alimentos para el consumo humano. La experiencia se acredita con contratos u órdenes de compras u órdenes de servicio y sus respectivas conformidades o constancias de prestación y el insumo para determinar la capacidad máxima de contratación».

Esto significa que los proveedores deben tener actividad profesional, financiera o empresarial demostrable durante los últimos tres años fiscales o tributarios. Por lo tanto, la afirmación de la ministra es inexacta, ya que estos supuestos «nuevos proveedores» no podrían ingresar al programa sin cumplir este requisito fundamental, salvo que —como parece sugerir inadvertidamente la ministra— los comités de selección no estén realizando los filtros adecuados.

Una nueva razón social materialmente no tiene la experiencia de postor requerida, salvo que «mágicamente» el comité de selección les permita entrar al programa. Con esta declaración, la ministra está reconociendo implícitamente que existe una falla sistemática en los procesos de selección y supervisión bajo su responsabilidad.

Otra de las declaraciones cuestionables de la ministra fue: «también hay espacios donde dentro de los colegios se vende comida en los kioscos, entonces tenemos que estar muy atentos a que nuestros niños estén con las manos limpias, a que quien sirva la comida también esté cumpliendo todos los mecanismos de higiene».

Lo que ha pretendido la ministra es hacer responsables a los padres de familia por el manejo de los utensilios de cocina o a los estudiantes por una posible falta de «lavado de manos» o contaminación cruzada, en un evidente intento de desviar la responsabilidad que recae sobre los proveedores que su sector contrató.

Cuando la ministra habla de las condiciones de los comedores y lugares de expendio de alimentos, omite convenientemente que esta es una responsabilidad compartida con el sector educación a cargo del ministro Morgan Quero. En dos años de gobierno, no se han construido comedores y estaciones de cocina en las escuelas del país, afectando a casi 4 millones de estudiantes que dependen de este programa para su alimentación diaria.

El anunciado cambio de nombre de Wasi Mikuna parece ser solo una estrategia cosmética que busca distraer la atención de los verdaderos problemas que aquejan al programa: fallas en la selección de proveedores, supervisión deficiente, infraestructura inadecuada y un sistema que estaría permitiendo que empresas sin la experiencia requerida terminen distribuyendo alimentos a millones de niños peruanos.

La educación y la salud de nuestros niños no pueden estar sujetas a improvisaciones ni a programas que cambian de nombre, pero mantienen las mismas deficiencias estructurales. Son los ministerios de Educación, de Desarrollo e Inclusión Social y de Salud quienes deben responder con acciones concretas y no con medidas superficiales que solo buscan evadir responsabilidades.