Política
Ministerio Público formaliza investigación contra Anel Townsend, Marisa Glave y Jorge Nieto por caso Odebrecht y OAS
Implicados, junto a la ex alcaldesa Susana Villarán, habrían formado parte de una organización criminal en el año 2013.
Ahora tendrán que decir NO pero a todas las acusaciones en su contra. El Equipo Especial para el caso Lava Jato formalizó una investigación contra un grupo de exautoridades, exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y políticos peruanos, entre los que figuran Susana Villarán, Marisa Glave, Jorge Nieto, Ana Elena Townsend y otros, por el presunto delito de lavado de activos que los vincularía con las corruptas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
En los investigados, además de los ya mencionados, aparecen Jaime Salinas López-Torres, Zoila Reátegui Barquero, Carlos Juscamaita Aranguena, Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.
A diferencia de estos, el proceso que se seguía contra la periodista Paola Ugaz, no se formalizará ni continuará por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
En la resolución fiscal, se precisó que la formalización de la investigación incluye a la fundación Unidos para transformar, que -según las sospechas del Ministerio Público- habría sido instrumentalizada para presuntamente ser parte del blanqueo de dinero.
Glave, Nieto, Townsend y los demás formaron parte de la Municipalidad de Lima, del Concejo Metropolitano o estuvieron de alguna forma vinculados con la campaña que se montó en 2013 contra la revocatoria de Villarán.
Para el Equipo Especial del caso Lava Jato hay elementos de convicción consistentes del supuesto reparto de sobornos entregados por Odebrecht y OAS a regidores, asesores y personal de confianza de la alcaldesa capitalina.
En el texto de su resolución, el Ministerio Público detalla que Jaime Eduardo Salinas recibió 120 mil dólares, Marisa Glave y Zoila Reategui -en conjunto- 20 mil dólares, Anel Towsend otros 20 mil dólares, Jorge Nieto 129 mil dólares y Carlos Juscamaita 250 mil dólares.
La fiscalía calcula que los investigados habrían estado involucrados en el presunto lavado de dinero de por lo menos 530 mil dólares.
En tanto, a sus 73 años, Susana Villarán debe pedir autorización judicial cada vez que quiera ausentarse de su domicilio. Esta regla le fue impuesta cuando se varió su arresto domiciliario por reglas de conducta en el marco del caso Lava Jato.
Por este proceso del No a la revocatoria la fiscalía ha solicitado como pena privativa de la libertad 29 años de cárcel en su contra.
Villarán de la Puente, fue excarcelada en mayo del 2020, luego de permanecer recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos por casi un año, en el marco del proceso que se le seguía por la presunta recepción de dineros ilícitos para su campaña contra la Revocatoria del 2013 y para su campaña de reelección municipal del 2014