La Fiscalía estima que la posible condena que afrontaría la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado, sería de más de 30 años de cárcel, debido a que existiría un concurso real de delitos.
Asimismo, la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas, basándose en los 186 elementos de convicción existentes en dicho caso, sosteniendo la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga durante la investigación.
En esa línea, este lunes 29 de abril, se llevó a cabo la audiencia virtual a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley para evaluar el pedido de impedimento de salida del país en contra de Benavides Vargas, e informó que resolverá el pedido en el plazo de ley y anunciará su decisión a través de la casilla electrónica de las partes involucradas en el caso.
En el mencionado requerimiento del Ministerio Público, se indica que la exfiscal no solo tendría las facilidades para salir del país, sino, que contaría con distintos contactos en el ámbito político no solo para lograr su objetivo de escapar de la justicia, sino, de obstaculizarla.
«Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia», se lee en el documento de la fiscal Espinoza.
A la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, se le acusa por haber sido sindicada por su exasesor Jaime Villanueva como cabecilla de una presunta organización criminal, la cual se enquistó en el órgano fiscal institucional. Asimismo, enfrenta un juicio por varios delitos, incluyendo cohecho pasivo y activo, en sus distintas modalidades, así como tráfico de influencias agravado.
A la exfuncionaria fiscal se le atribuye haber realizado: interacciones indebidas con diversos parlamentarios para influir en la designación del Defensor del Pueblo, lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como intentar retirar de sus cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.
Además, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) indica que Benavides Vargas habría recibido distintos sobornos, entre ellos un pago de S/30 mil soles, a cambio de direccionar dos licitaciones de compra de computadoras por más de S/7,5 millones.
