Política
Ministerio Público abre nueva investigación contra Perú Libre por no haber declarado aportes e ingresos durante campaña
No incluyeron en la declaración local del partido ubicado en el Centro de Lima.
Las denuncias en contra del partido oficialista no paran, y con esta nueva la cifra se eleva a 15 en solamente dos semanas. Esta última recae sobre el supuesto delito contra la participación democrática, en la modalidad de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos del partido.
El quinto despacho de investigación de la cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Centro-Breña-Rímac-Jesús María inició las indagaciones tras determinarse que el secretario general del partido, Vladimir Cerrón presentara el informe anual del 2019, el cual no incluía la valoración como aporte en especie el contrato de comodato del local situado en jr. Belén 1033, oficina 204, en Lima.
Según se detalla en el documento fiscal, la cesión del local incluía los gastos de mantenimiento, servicios de agua, desagüe, alcantarillado, servicio de energía eléctrica y arbitrios.
De esta manera, las pesquisas de parte del Ministerio Público buscan individualizar al presunto imputado responsable de no haber valorizado el aporte. Tampoco se habría valorizado la prestación de servicio contable.
“De esa manera, el partido Perú Libre habría proporcionado información falsa sobre aportaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales- ONPE”, manifiesta la Fiscalía.
La Fiscalía también indica que el artículo 359-B del Código Penal expresa que “El tesorero, el responsable de campaña, el representante legal, el administrador de hecho o de derecho, o el miembro de la organización política que, con pleno conocimiento, proporciona información falsa (…) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de seis años e inhabilitación”.
De acuerdo al secretario general del partido, considera todo esto como parte de una supuesta persecución que sufre el partido oficialista. Subrayó en sus redes sociales que se trata de una “guerra jurídica”.