En la Mesa de Trabajo del Congreso que ve la creación de un Ministerio de Infraestructura que impulsa el gobierno de Dina Boluarte, oportunamente en su último año al mando; los gremios de la patronal como Confiep y ADEX se mostraron críticos a su existencia.
Desde el sector privado el representante de la Confiep, señor Zapata, se refirió con algo más que dudas a la creación de este ministerio. «Creemos que los problemas que tiene la infraestructura del país no se van a solucionar con un ministerio, los problemas van por otro lado (…) Según el representante de la PCM quien señala que este órgano va ser un órgano planificador. No veo que necesitemos un ministerio para planificar, ya tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad. Si se va a planificar a nivel de gobiernos regionales entonces ¿para qué están los gobiernos regionales? Después dicen que sería un órgano rector, entonces qué pasa con la OSCE al que acabamos de aprobar una nueva ley de contrataciones por el que se le ofrece más facultades, y a la que hemos reformado varías veces, ha sido CONSUCODE, y ahora OSCE».
El representante de ADEX por su parte mencionó que ya tenemos malas experiencias de la autoridad para la reconstrucción con cambios en cuyo caso solo funcionó para los proyectos simples y no los de envergadura. También estimó que «el gobierno está terminando y no consideramos oportuno que se implemente este ministerio».
También consideró una de las posibles causas de la ineficiencia de la obra pública debido a «una falta de comunicación efectiva operativa entre los tres niveles de gobierno». Luego apocalípticamente señaló que, en cuanto a la corrupción, «el 80% de los recursos que se van en corrupción provienen de la ejecución de obras, por lo que concentrar las obras en un solo ente político concentraría la corrupción y el poder político y la discrecionalidad».
Por su parte, Aramayo de COPECO señaló que “no estamos enfocando el problema el cual es la falda de predictibilidad (…) Nadie ha hecho la comparación de estos diferentes sistemas de modalidades de contrataciones. Mientras tenemos en obra pública un tope del 30% en adicionales [gastos fuera del presupuesto de proyecto] , en lo que es gobierno a gobierno estamos llegando al 200% de adicionales, solo que a estos se les llama eventos compensables donde los presupuestos referenciales se duplican (…) Si con la creación del nuevo ministerio estuviésemos solucionando el tema de la predictibilidad estaríamos en una buena situación. Pero lamentablemente no hemos escuchado eso. El funcionario necesita de cierta subjetividad para solucionar los problemas de lo contrario todo va a seguir igual».
De esta manera, los representantes del sector privado coincidían en su escepticismo respecto al nuevo ministerio para quienes su existencia No va a solucionar los problemas. Y es que entre los grandes problemas de porque no se desarrolla la obra pública en el país está un aspecto emocional: el temor a la contraloría. «El funcionario tiene terror de resolver los problemas que se presentan en obra, si hay que hacer un adicional se lo piensan 50 veces antes de firmar el adicional. Y sin embargo las obras siempre van a tener problemas».
Algo que insistieron los representantes de la patronal es su extrañeza de un proyecto de parte de un gobierno que está a poco más de un año de acabar su gestión. No entienden por qué el gobierno lo hace tomando en cuenta que toda esa transformación va ser muy complejo de llevar a cabo. Solo imaginar lo complicado que será hacer la transferencia de funciones desde los 14 entes a cargo de cada ministerio para crear este súper Ministerio resulta de por sí preocupante. Si ya de por sí la transferencia de institución a institución fue problemática en el pasado respecto a los precedentes en este campo de la ejecución de obras públicas, como fue la otrora autoridad de reconstrucción con cambio que pasó a ser la ANIM, imaginar un escenario a una escala ministerial que lo concentre es de no imaginar. Consideraron finalmente que hacerlo al final del gobierno no era recomendable.
Por su parte, el representante de Contraloría General de la República, informó que su institución tiene un enfoque más proactivo en cuanto al control de ejecución de gastos. Señaló también que en “los últimos diez años se incrementó el número de obras paradas. De 560 obras se pasó a que tengamos 2500 obras de inversión paralizada. Es decir, se pasó de 4 mil millones a tener a la fecha una inversión de 43 mil millones paralizadas». Esto por falta de previsiones presupuestales, abandono de obra, etc. «El problema central de esto es que el 85% de esto está bajo el ámbito de gobiernos regionales».
Lo que nos lleva a inferir una conclusión. Si el 80% de la corrupción se genera en torno a las obras públicas y el 85% de obras paradas recae en las autoridades regionales, el vínculo nos lleva a imaginar una descentralización de la incompetencia sumada o impulsada por la corrupción. Aunque por otra parte, un hipotético nuevo Ministerio de Infraestructura sería la centralización del espacio donde se concentraría la corrupción y por ende el poder. Quizás la existencia de este ministerio de infraestructura sea el mas peligroso legado del gobierno de Boluarte. Un ministerio nacido de puentes caídos y colegios en ruinas donde se decida dónde, cuándo, cómo y cuánto se configurará el rostro material del Perú, y dónde esa misma riqueza haga emerger una posible nueva elite de burocracia de ladrillo y cemento.
