¿Ministerio de Cultura pretende evitar demolición del Hotel Sheraton en Cusco?

El fin de semana Fredy Escobar, Director de la DDC de Cusco fue citado de urgencia por el ministro de Cultura Luis Jaime Castillo, el tema central de la reunión fue la demolición del hotel Sheraton. Fallo emitido por el magistrado Wilber Bustamante del Castillo, en la que se ordena la demolición de lo ilegalmente construido y la restitución de los andenes incas.

Ayer el semanario Ideario Sur de Cusco publicó cómo fue el proceso que llevó a la decisión por parte del Poder Judicial de demoler el denominado mamotreto en la calle Saphi de la ciudad imperial. Aquí todo lo que debes saber del caso Sheraton.

La demolición en debate

Se yergue imponente en la calle Saphi, al frente del local de la Dirección Desconcentrada de Cultura, le hemos denominado el “mamotreto” y es la muestra más clara de cómo nuestro patrimonio ha sido vulnerado ante el poder económico que ve nuestra ciudad como un recurso a explotar. Al parecer ese poder económico intentará evitar la demolición del hotel Sheraton.

Antecedentes

El 29 de diciembre de 2014 la Municipalidad de Cusco otorgó la licencia de construcción a la empresa RyG para construir un edificio de 7 pisos cuando en el Centro Histórico del Cusco, solamente están permitidas construcciones de hasta dos pisos. Entre octubre y noviembre de 2015 la mole de cemento apareció ante nuestros ojos, el escándalo se armó y el 28 de diciembre de 2015, la gestión de Carlos Moscoso determinó la nulidad de la licencia y dispuso la paralización de la obra, hecho que recién sucedió en diciembre del 2016, mientras que la DDC Cusco inicio cuatro procedimientos administrativos que culminaron con la imposición de dos multas por s/ 4 965 517.5, las cuales fueron anuladas por el ex ministro de Cultura Rogers Valencia el 19 de enero de este año.

La Acción de Amparo

Ante la inacción de las entidades estatales, la Comisión de Juristas el 1 de enero de 2016 presentó una acción de amparo constitucional para la protección del patrimonio. La acción de amparo buscó que el Poder Judicial se pronuncie en el sentido de que el daño producido por el desmontaje de los muros incas en la calle Saphi se declare como un daño constitucional y por lo tanto se ordene la restitución de los muros y andenes.

El poder judicial emitió una primera sentencia en la que reconoció el daño constitucional pero señaló que no se podían restituir los andenes porque la inversión económica tenía más valor que el patrimonio cultural, ante este fallo la Comisión de Juristas apeló la decisión. En el fallo de la apelación no existió un criterio uniforme en el Poder Judicial, el juez Fernando Murillo opinó que no se puede proteger el patrimonio constitucionalmente por su parte los jueces Yuri Pereyra y Delgado Aibar confirmación la sentencia en primera instancia.

Los votos dirimentes

Ante este escenario y no habiendo una opinión uniforme es que se requirió la opinión de magistrados designados como dirimentes, necesitándose de tres votos uniformes a favor de la demolición del Sheraton y la restitución de los andenes. La primera opinión dirimente a favor fue emitida por el magistrado Franklin Merino, posteriormente la Dra. Dafne Barra también emitió opinión a favor de la demolición, finalmente se designó al magistrado Wilber Bustamante del Castillo, quien escuchó los alegatos finales en una audiencia realizada el 28 de agosto, Bustamante a pesar de contar con 3 días hábiles para emitir su fallo, este se prolongó hasta el 13 de setiembre, fecha en la que se emitió la sentencia en la que se ordena la restitución de los andenes.

El fallo. Marchas y contramarchas

El día sábado 14 de setiembre se conoció la sentencia de 32 páginas emitida por el magistrado Wilber Bustamante del Castillo en la que se ordena la demolición de lo ilegalmente construido y la restitución de los andenes incas. La abogada Tika Luizar manifestó que la sentencia indicaba que esta demolición debía realizarse de manera casi inmediata y que era la Dirección Desconcentrada de Cultura la entidad que debe hacerse cargo de la demolición y la restitución de los andenes. Según Luizar la demolición de la construcción debe ser completa.

Sin embargo Fredy Escobar Director Regional de Cultura, manifestó que a pesar de la sentencia judicial, la cual respetan y cumplirán, no tienen en claro a que se refiere la sentencia cuando indica que se “demuela lo ilegalmente construido” por lo que harán la consulta al Poder Judicial, y que recién cuando tengan la respuesta elaborarán un expediente para la demolición.

Estas declaraciones han generado mucha preocupación pues los tiempos que se toma el Poder Judicial para responder este tipo de consultas puede demorar algún tiempo, a esto debemos sumar el tiempo que la DDC Cusco demorará en elaborar el expediente de demolición.

Finalmente Zamalloa declaró que el costo de la demolición será de aproximadamente un millón de soles y que la DDC no asumirá ese monto, y deberá ser la empresa RyG la que afronte ese pago, pero no dijo cómo haría para obligar a la empresa a asumir el pago. Ante estos hechos la Comisión de Juristas en una rueda de prensa indicó que si la DDC no asume el costo, ellos procederán a realizar si es necesario colectas internacionales para lograr la ansiada demolición de esta construcción.

Mientras tanto el abogado Hugo Corimayta, representante de la empresa RyG calificó de arbitraria la decisión de la corte y señaló que están evaluando recurrir a instancias internacionales, pues según ellos existe un peritaje que señala que es uno y no cinco los andenes afectados”. Señaló que la empresa ha tenido un perjuicio de 50 millones de dólares y que responsabilizan de ello a la DDC y a la Municipalidad del Cusco, interponiendo las denuncias que competan.

Lo cierto es que las consultas  y demoras que plantea la DDC hacen que la empresa tenga el margen de tiempo necesario para poder realizar las acciones que impidan la demolición. ¿Hay temor en la DDC para cumplir el fallo judicial?, pues eso parece. 

NOTA 1. El especialista en Patrimonio Alberto Martorell manifestó hace un tiempo que la mejor salida era la de expropiar el terreno.

NOTA 2. La Comisión de Juristas ofreció a la DDC apoyo técnico y de especialistas para proceder a la demolición del Sheraton.

NOTA 3. A pesar de que los plazos para la demolición son sumarios, al parecer estos demorarán debido a las consultas que hará la DDC.