Entre mayo de 2019 y mayo de 2020 la Directora General de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura tuvo una performance impresionante. Dio, nada más y nada menos que una Resolución Directoral en todo ese periodo. Luego de tan fructífero trabajo fue, increíblemente, promovida al cargo de Viceministra del mismo sector en el que ya se desempeñaba desde el año 2017, durante los cuales quedaron sin sanción alguna casos tan graves como la construcción de un edifico de 7 pisos en pleno centro arqueológico de Pisaq, en el Valle Sagrado de los Incas. A eso se le suman casos impunes en Saqsayhuamán, Chinchero, Ollantaytambo, Chan Chan, entre otros.
¿Será, podría pensar el lector, que no ha hubo casos de invasión, destrucción, saqueo, huaqueo, demoliciones clandestinas, incendios por negligencia y muchos otras situaciones que deberían ser multadas, sancionadas y ordenarse la reposición del bien a su estado anterior? Pues claro que los hay, y muchos.
Tal vez el problema es que como, gracias a la gestión de la propia Leslie Urteaga y otros mal orientados funcionarios, se ha dejado de aplicar la presunción constitucional y ya no se puede multar a nadie que destruya bienes del patrimonio, por más que sean obviamente patrimoniales, si no cuentan con una resolución de declaración provisional, ellos mismos se han atado las manos. ¿O es que querían atárselas a la institución en sí misma?
Sea cual sea la respuesta, la destrucción de sitios arqueológicos ha continuado dándose, las demoliciones clandestinas en centros históricos también. ¿Por qué no se multa? ¿Esperando a que los casos prescriban y ya no sea posible multar?
La única resolución emitida por la Directora General Urteaga entre mayo del 2019 y mayo del 2020, que es promovida a Viceministra, fue la N° 187-2019-DGDP-VMPCIC/MC. Veamos:
Pero nos preguntamos cuántos otros casos hay en la realidad nacional que merecerían ser multados. Veamos algunos hechos denunciados por los colectivos sociales y la prensa en los últimos meses.
Para muestra, un botón, y vaya que es un botón importante:
Se ha dado una normativa especial por la emergencia, para que se pueda desalojar a los invasores de manera inmediata, y sabemos que hay casos en los que se ha cumplido. Pero ¿Y la sanción administrativa? ¿El inicio del procedimiento administrativo sancionador? Pues, no, a casi dos meses de los hechos, no se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador correspondiente a quienes invadieron en Caral. Igual pasa en Chankillo y en cada uno de los muchos sitios arqueológicos que han sufrido invasiones durante la pandemia. En muchos, nada ha pasado. En otros, se ha desalojado. Pero de multarse, a nadie se le multa.
¿Qué funciones corresponden a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural? No son pocas. Veamos:
Muchas de las acciones de una Dirección General de esta naturaleza se dan a través de Resoluciones, y en especial, uno de los pilares de la defensa de nuestro patrimonio cultural es un sistema que sancione su destrucción ilegal, principalmente a través de las sanciones administrativas que implican, en primer lugar, que el bien sea repuesto a su estado original y, en segundo lugar, que se sancione al responsable mediante una multa.
Pero no sólo llegan hasta ahí las cosas. Sucede que, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura, la DGDP (esa que estuvo a cargo de la Sra. Urteaga) cuenta con tres Direcciones dependientes. Una de ellas se denominada Dirección de Control y Supervisión, directamente dependiente de la Directora General. Pues desde que la Sra. Urteaga Peña fuera encargada de Defensa, el hoy premiado con el antiguo puesto de la Viceministra, fue el Sr. Ardiles Alcázar.
Pues bien, a esa Dirección directamente dependiente de la Dirección General, léase el señor Ardiles y la señora Urteaga Peña, tiene, entre otras funciones las de:
Es decir que todos los expedientes administrativos sancionadores dependían de la dupla Urteaga-Ardiles, que luego de una performance llena de prescripciones y caducidades, han sido premiados con un ascenso, ella durante la gestión de Guillén Oneeglio (en cuya cara reventó el escándalo Swing, obligándola a renunciar), él, lamentablemente, con firma del Ministro Neyra Sánchez, cuya persistencia en quemarse las manos manteniendo a estos malos funcionarios es inexplicable. Al menos lo es si uno piensa, como debería ser y nosotros queremos creer, que ha llegado con voluntad de cambiar la historia del Ministerio de Cultura de una llena de desastres en una encaminada hacia la generación de desarrollo para el país. En un informe anterior ya especificamos cuán grave era el tema de las prescripciones ver:
En pleno corazón del Cusco, Patrimonio Mundial que debería ser prioridad absoluta del Ministerio de Cultura, suceden estos hechos por el caso del inmueble de Plateros 326. Se impone la sanción y… ¿Se cumple?. No. Simplemente se deja correr el plazo de un año. Un año entero sin que ningún funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cusco del área de Defensa del Patrimonio, dependientes funcionalmente de los señores Ardiles y Urteaga, hagan nada. Veamos:
Y como consecuencia de lo anterior:
¿Se destituye a alguien, se inicia procedimiento interno de investigación a algún funcionario, se le llama severamente la atención a alguien? Pues no. Simplemente, todo sigue igual. A no, perdón, los responsables funcionales directos, Leslie Urteaga y Ardiles Alcázar son premiados con sendos ascensos que resultan difíciles de entender. Esta redacción sigue esperando que el Ministro Neyra Sánchez nos conceda una entrevista y nos ayude a entender esta situación, porque solos no la entendemos.
Pero este no es el único caso. Hay varios más:
Lo que sigue se parece mucho en todos los casos:
¿Quién es ese superior jerárquico? Ardiles Alcázar, directamente dependiente de Urteaga Peña. ¿Sancionados? Ninguno. ¿Promovidos?, pues eso sí. Fue durante la gestión de la Ministra Ulla Olquimst que se tuve que reconocer la caducidad producida.
Hay más casos en la misma región del Cusco:
Esta vez estamos nuevamente frente a Pisaq, donde se dejó prescribir un proceso por otra construcción ilegal, esta de dos pisos, aquella de 7.
Y luego los argumentos se repiten… y la impunidad también:
Llegando, claro está, a similar resolución:
A estas Resoluciones Ministeriales hay que sumarles sendas Resoluciones Directorales, con la firma de la hoy Viceministra Leslie Urteaga.
Sitio del patrimonio cultural víctima de la impunidad de la oficina de defensa del patrimonio: la famosa laguna de La Huacachina.
Las causales de la multa se confirman, la multa se recomienda, pero sucede un mal ya conocido: se actúa tarde, cuando ya el plazo para la caducidad está cumplido:
Y claro,
Sigamos con un caso que la propia señora Lelise Urteaga reconoció como “muy grave”:
Es cierto que este caso tuvo un trajinar más largo, aunque el efecto sea el mismo: impunidad.
Pero siendo ya Directora General la Sra. Urteaga, su dependencia confirmó los hechos:
¿Cambió la historia con la gestión de Urteaga, que ya había asumido como DG en julio de 2017? Pues no, lo que sigue es más de lo mismo.
La conclusión es la misma, impunidad, impunidad e impunidad.
También en Huánuco se cuecen caducidades:
Por cierto, la norma de la caducidad se dio en diciembre de 2016 y comenzó a aplicarse en diciembre de 2017, varios meses después de la designación de Urteaga Peña como Directora General:
Una vez vencidos los plazos.
Se trata de una problemática nacional. En todo el país. Lo que nos hace pensar que, en realidad, nada acá es casual. Se han tejido hilos para un sistema que, en lugar de defender el patrimonio, lo deja en la más absoluta indefensión. Para ello, todas las armas contrarias a los intereses del patrimonio se han pensado desde el Ministerio de Cultura, habiendo sido clave en ese proceso, opuesto a sus deberes, la actual VM. Leslie Urteaga.
Por citar un par de Resolución Directorales de Caducidad en zonas distintas, veamos el caso de antiguos caminos en Pasco:
Nuevamente, se les pasó el plazo. Nuevamente, las sanciones administrativas devinieron en imposibles de ser cobradas. Una vez más, nadie fue sancionado, dentro ni fuera del MC. El único que pierde es el Perú. Lo único que se pierde es, ni más ni menos, nuestro patrimonio.
Y también el Camino Inca, patrimonio mundial, esta vez en Huánuco:
Y el Centro Histórico de Ayacucho:
Hay muchos casos más, pero ya redundan pues lo que deseamos demostrar ha quedado suficientemente claro.
UNA PREGUNTA FINAL: ¿QUÉ EXPLICA QUE DOÑA LESLIE URTEAGA Y DON WILMAR ARDILES HAYAN SIDO PROMOVIDOS A PUESTOS CLAVE DEL MINISTERIO DE CULTURA?
¿Qué motiva que una sea Viceministra y el otro director general?
Las opciones serían:
a) LOS MINISTROS GUILLÉN Y NEYRA QUE NOMBRAN A AMBOS FUNCIONARIOS NO CONOCÍAN LOS HECHOS
Probable, pero injustificable. Estos casos han sido inclusive materia de informes de la Contraloría General de la República. Para Muestra, un caso que ya comentamos en otros artículos:
b) ANA CARRERA PROFESIONAL BRILLANTE: ni siquiera probable a juzgar por las declaraciones juradas de los propios funcionarios:
Pues no. Leslie Urteaga tiene una hoja de vida a todas luces reducida:
Es decir, ¿Experiencia internacional previa? Ninguna. ¿Formación especializada que justifique su designación? Tampoco. ¿Una trayectoria previa, participando desde la sociedad civil actividades de defensa del patrimonio cultural? Menos. Para ser Directora General, algo que no es la capacidad comprobada debió haber visto quien la nombró. Para ser Viceministra, nos dirán, cuenta su experiencia como Directora General desde el 2017. Pero, analizada su gestión, menos, mucho menos.
Veamos el caso del Sr. Ardiles:
En fin, haber trabajado como abogado del Ministerio de Cultura contaría. Pero los resultados nos dicen que ese trabajo no ha sido exactamente en pro del patrimonio.
c) Una trayectoria académica brillante, “breaking articles” que justifiquen los grandes aportes realizados por la VM Urteaga a la sociedad. No los encontramos.
Entonces le pedimos nuevamente al ministro Neyra Sánchez que por lo menos se pronuncie sobre estos temas, ya que no nos quiere dar una entrevista. Queremos conocer sus razones para mantener a su viceministra Urteaga Peña, y qué lo motivó a nombrar al señor Ardiles Alcázar como Director General de Patrimonio Cultural.